El dirigente independentistas y diputado por Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, ha solicitado a la sala penal del Tribunal Supremo que tramite con la máxima urgencia el recurso presentado este lunes contra la decisión del juez Pablo Llarena de rechazar su petición para poder acudir al pleno del Parlament para su investidura. El político ha solicitado que se anule dicha resolución y que se le permita salir de la cárcel. Según el escrito, está en juego "no sólo los derechos políticos" de Sánchez, sino también el de "los millones de votantes de los partidos que eventualmente apoyarían su investidura", a la vez que recuerda que, tal y como ha sostenido el Tribunal Constitucional, la investidura tiene que ser presencial.
El recurso presentado por el abogadode Sánchez, Jordi Pina, señala que con la decisión de no dejar salir de la cárcel al dirigente independentista comporta "graves lesiones" no solo sus derechos fundamentales, sino tambén el de sus votantes y los valores fundamentales del ordenamiento constitucional, como la democracia, el pluralismo político, la autonomía "política" de Catalunya y la división de poderes. Según el letrado, la privación al diputado de defender su candidatura supone la "evidente imposiciçon de un castigo anticipado, pues se le está incapacitando de facto para el ejercicio de un cargo público sin haber sido declarado culpable en ningún delito".
