La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo prefiere contar con el parecer de todas las partes personadas en la causa por rebelión, sedición y malversación antes de resolver el recurso interpuesto este lunes por el diputado de Junts per Catalunya Jordi Sànchez para tratar de lograr su libertad o permiso para asistir al pleno en el que era candidato a presidir la Generalitat.

La Sala, compuesta por los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorgi Barreiro, ha dado un plazo de cinco días a las defensas de los 28 imputados, a la Fiscalía y a las acusaciones que ejercen Vox y la Abogacía del Estado para que se pronuncien sobre el recurso de Sànchez contra la negativa del juez Pablo Llarena a autorizarle a salir de prisión.

El instructor de la causa por rebelión también dio un plazo de cinco días a las acusaciones para pronunciarse sobre la petición original del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), pero no dejó finalizar el plazo y denegó la solicitud en cuanto tuvo en poder el informe de la fiscalía, al que se adhirió la Abogacía del Estado.

En su recurso, el dirigente independentista, que en un principio pensaba acudir directamente a Estrasburgo, había solicitado a la Sala de lo Penal del Supremo que tramite con la máxima urgencia el recurso. Alegaba que en su caso están en juego "no solo sus derechos políticos", sino también los de "los millones de votantes de los partidos que eventualmente apoyarían su investidura", a la vez que recuerda que, tal y como ha sostenido el Tribunal Constitucional en el caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont la investidura tiene que ser presencial.