El presidente del Ejecutivo murciano, Alberto Garre (PP), ha destituido al consejero de Economía y Hacienda, Francisco Martínez Asensio, por pérdida de confianza. Después de que el pasado jueves dimitiera el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y, a solo tres meses de las elecciones autonómicas, Garre ha aprovechado para remodelar su equipo. Es el tercer cambio de consejeros que se produce en su Gobierno antes de que se cumpla el año de su toma de posesión.

En esa remodelación también se espera el cese del comisionado del Gobierno para asuntos económicos, Vicente Martínez-Pujalte, a quien muchos atribuyen la actual crisis que atraviesa el Gobierno murciano. Sin embargo, Garre ha dejado esa posibilidad en manos del nuevo consejero de Hacienda, Luís Martínez de Salas.

Garre destacó en una entrevista en Onda Cero que la dimisión del titular de Agricultura fue "inesperada" y que después ha decidido prescindir del actual consejero de Hacienda porque aquella dimisión "se había fraguado por un sector de la consejería de Hacienda". "Y nadie tiene ningún tipo de derecho a resquebrajar los cimientos de un Gobierno, absolutamente nadie, porque es el Gobierno de todos los murcianos y merece un respeto", sostiene.

"UN ERROR DE ALGÚN COMPAÑERO"

El presidente murciano no quiere pensar que le han traicionado, sino que "ha sido un error de algún compañero de partido" y mantiene su deseo de ser candidato en las elecciones autonómicas.

Garre ha apostado por la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, Adela Martínez Cachá, como consejera de Agricultura.

El PP de Murcia está dividido entre los que siguen al presidente regional, Ramón Luís Valcárcel, y su candidato para las autonómicas, el actual consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, por un lado, y los partidarios de Garre, por otro.

También se espera que la Fiscalía Anticorrupción de Murcia emita un informe sobre la imputación o no de Valcárcel, expresidente del Gobierno regional y actual eurodiputado y vicepresidente del Parlamento Europeo, por presuntos delitos de prevaricación y cohecho vinculados al 'caso Novo Cartago', de presunta corrupción urbanística.