Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán, ya ha puesto fecha al próximo intento del independentismo de investir a un presidente de la Generalitat. La Cámara catalana someterá el próximo viernes a votación la candidatura de Jordi Sànchez, más pensada como una nueva maniobra de desgaste contra el Estado que como una posibilidad efectiva de formar por fin Gobierno. Mientras siguen pensando en un aspirante con opciones reales, los partidos soberanistas se aferran a un escrito de la ONU para pedir que se respeten los «derechos políticos» del exlíder de la ANC.

Es muy difícil que el Tribunal Supremo acceda a que Sànchez, preso en Soto del Real, pueda someterse a la investidura. Pero Torrent, de acuerdo con JxCat y con Esquerra Republicana (ERC), no ha querido dejar pasar la oportunidad de presionar al juez Pablo Llarena: para tratar de dejar en evidencia la supuesta falta de calidad democrática de España, le ha escrito una carta en la que le pide que adopte las «medidas necesarias» para facilitarlo. La misiva de Torrent afirma que si el Supremo no permite la investidura de Sànchez estaría «produciendo un daño irreparable a sus derechos políticos, y el Estado español estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales». Sin embargo, el escrito de la ONU no es vinculante, y los propios independentistas tienen muy pocas esperanzas de que la solicitud de Sànchez modifique el criterio de Llarena, que ya impidió hace un mes su investidura.

«PONER EN EVIDENCIA» / Los soberanistas intentan aprovechar el revés que la justicia alemana propinó a la española la semana pasada a cuenta de Carles Puigdemont. Elsa Artadi, portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), ya dijo este pasado fin de semana que si Pablo Llarena veta de nuevo la investidura de Jordi Sànchez estará «reforzando al independentismo». El PDECat también insistó ayer lunes en que la sesión es una forma de «poner en evidencia» al Tribunal Supremo.

En cambio, la líder de Ciutadans en Cataluña, Inés Arrimadas, rechazó los argumentos que esgrimió el presidente del Parlament, porque el Comité de Derechos Humanos de la ONU «no dicta sentencias, ni medidas cautelares». «Dejen de mentir y vuelvan al seny, si es que pueden», apostilló desde Twitter. El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, tachó de «pérdida de tiempo» la candidatura de Sànchez, al que ve «no apto» para desarrollar «con plenitud» la presidencia. Por el mismo motivo, también rechazó un posible nuevo intento de investir a Puigdemont.

VOTOS DELEGADOS / Además, Jordi Sànchez no tiene ni mucho menos asegurado el respaldo de la Cámara catalana, porque la CUP no se ha movido de la abstención. Para que el plan b bis surgiera efecto, siempre en el caso de que el pleno se acabe celebrando, se precisan los dos votos de los diputados que se hallan más allá del Pirineo: Puigdemont y Toni Comín. Del del expresident responderá, delegación de voto mediante, Elsa Artadi. Y del del exconseller, está por ver. Esquerra Republicana solicitará asimismo la delegación de voto. Y, según señaló la portavoz republicana, Marta Vilalta, si llegado el caso no fuese posible la delegación de voto, ERC estudiará «la posible renuncia de su escaño del conseller Comín».

LA OPINIÓN DE COMÍN / Algo que parece que no concuerda con la opinión del afectado. Toni Comín, en Bruselas, aseguró ayer mismo que la renuncia a su escaño «no serviría de nada» y no facilitaría que una mayoría independentista pudiera investir a Jordi Sànchez, a la vez que insistió en que su renuncia es la «última alternativa» de Esquerra Republicana ya que «hay muchas otras maneras de conseguir la investidura». Lo cierto es que si la CUP se mantiene en la abstención, los votos de Comín y Puigdemont sí son claves para que haya investidura en segunda votación.