El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, reunió al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a los máximos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el comisario Sebastián Trapote y el general Ángel Gozalo Martín, respectivamente, para comunicarles las órdenes del fiscal general del Estado de impedir cualquier acto de preparación del referéndum independentista del 1-O para evitar la «consumación del delito». En este sentido, les informó de la obligatoriedad de «requisar urnas», sobres electorales, manuales, propaganda y elementos informáticos destinados a la celebración de la consulta unilateral.
Aparentemente, Josep Lluis Trapero acató las instrucciones de la fiscalía, ya que tardó pocas horas en enviar un comunicado interno a todos los agentes del cuerpo policial catalán, adjuntando íntegramente las órdenes de fiscal.
Eso sí, a primera hora de la mañana y antes de la reunión de la fiscalía, el president Carles Puigdemont, preguntado en RAC-1 sobre qué hará la policía autonómica si se le pide que retire las urnas, contestó: «Los Mossos tienen como función principal garantizar la seguridad de la gente. El 1-O garantizarán la seguridad de la gente. La policía no ha de hacer política».
6.000 URNAS
El mandatario catalán instó a «dejar tranquilas» a las policías catalanas, tras lo que añadió: «Habrá 6.000 urnas por el territorio, y entre escoger retirar urnas o velar por la seguridad, creo que las policías, todas, tienen prioridades en la vida. Retirar una urna no es perseguir un delito, organizar un referéndum no es un delito».
Trapero accedió a la sede de la fiscalía, en la calle de Pau Claris de Barcelona, poco antes de las doce del mediodía, hora a la que había sido citado con los dirigentes del resto de cuerpos de seguridad. Numerosos fotógrafos y cámaras de televisión esperaban su llegada. Otros mandos policiales citados a la reunión, que consistió en comunicar oficialmente la decisión de la fiscalía general y duró apenas media hora, prefirieron acceder en coche por el parking de la fiscalía. «Ha sido una reunión formal. No ha habido ningún comentario. Cada uno sabe lo que tiene que hacer», aseguró a este diario una fuente presente en la reunión.
La Fiscalía General del Estado dictó el jueves un oficio en el que ordena a las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña que tomen las «medidas necesarias» para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum unilateral «ilegal». Para ello, les conmina a intervenir efectos e «instrumentos» destinados a tal fin. Si es necesario, pide a los agentes que requieran autorización judicial para posibles entradas y registros y redactar atestados ante cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios o particulares.
Por otra parte, el Ministerio de Interior ha dado la orden de reforzar en mil más el número de agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña. Se trata de un incremento que se concentra en las unidades de antidisturbios. Responde, según remarcan fuentes policiales, tan solo de una medida que se toma con carácter preventivo.
Los dos cuerpos de seguridad estatales tienen normalmente unos 3.000 efectivos desplegados en suelo catalán. Se ocupan, principalmente, de la lucha antiterrorista, contra el crimen organizado y del control de las fronteras.
