Aprovechando las últimas horas, el Gobierno y los partidos constitucionalistas intensificaron ayer los llamamientos a Carles Puigdemont para que «dé marcha atrás» y conteste con un no al requerimiento de Madrid. «A veces una retirada a tiempo es una victoria» y «rectificar no significa rendirse», coincidieron PP y PSOE. Las apelaciones fueron más bien suaves. Ni una palabra más fuerte que otra para que el independentismo no tenga ninguna excusa para continuar con el desafío.
Por ejemplo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se acogió a las palabras de ayer del jefe del Ejecutivo catalán para reclamarle «hechos reales y sinceros» y no «palabras vacías que suenen bien». «Sin duda, ese fundamento en la paz, en la firmeza y en la democracia no puede entenderse si no es dentro del marco legal, que en nuestro caso es dentro de la Constitución, del Estado de derecho y de la división de poderes», subrayó.
Zoido le recordó que «todavía está a tiempo de reconducir la situación». En este sentido, el Gobierno precisó esta semana que si Puigdemont responde inequívocamente que no declaró la independencia, este lunes antes de las 10 horas que se acaba el plazo, se volvería al escenario previo a la aprobación de las leyes de ruptura, es decir, a un escenario de plena legalidad, y a partir de ahí, se podría iniciar un diálogo en el Congreso.
Por el contrario, si Puigdemont da al requerimiento una respuesta afirmativa o ambigua, advirtió Zoido, el Gobierno entenderá que «ha declarado la independencia» y «aplicará las medidas que corresponda», entre ellas, el artículo 155, cuyo recorrido Rajoy ha acordado con Pedro Sánchez.
En la misma línea, los ministros de Fomento y Sanidad, Íñigo de la Serna y Dolors Monserrat respectivamente, reclamaron al máximo responsable del Govern que no se deje «arrastrar» por una «minoría de radicales» que «están buscando la confrontación», en referencia a la exigencia de la CUP.
Por parte del PP, Javier Arenas precisó que la reforma de la Constitución que auspicia su partido no va a «sacrificar la cohesión de España, ni la igualdad ni la solidaridad entre españoles», una máxima que podría ser difícil de encajar con la aspiración socialista de que Cataluña sea considerada una «nación».
En cualquier caso, para llegar a ese trance, aún queda mucho camino y el PSOE, a través de su portavoz, Óscar Puente, aseguró ayer que o bien la Generalitat da «marcha atrás» o por el contrario su partido colaborará con el Gobierno en la aplicación del artículo 155, para suspender algunas competencias autonómicas. La mano dura, no obstante, no llegaría inmediatamente puesto que el requerimiento otorga a Puigdemont tres días extra, si contesta que activó la DUI, para reflexionar y volver a la legalidad.
Por parte de Ciudadanos, Begoña Villacís, secretaria municipal en la ejecutiva, insistió en que «ya es hora de tomar decisiones» y de que se aplique el precepto constitucional que según C’s permite disolver el Parlament y convocar elecciones autonómicas.
