Iñaki Urdangarin descarga en la Administración pública las presuntas ilegalidades cometidas con la contratación del Instituto Nóos para la celebración de unos eventos por los que la entidad cobró hasta 6,2 millones de euros, aseverando que Nóos no tuvo "margen negociador" con las instituciones balear, valenciana y madrileña.

Así lo pone de manifiesto en su escrito de defensa,en el que subraya que es la Administración pública la que disfruta de un "imperium" y de "poderes exorbitantes" ajenos a los particulares que contratan con ella, y que le permiten configurar y redactar sus contratos "de forma unilateral".