El Periódico de Aragón | Jueves, 29 de junio de 2017

SERVICIOS PÚBLICOS

Una veintena de coletivos sellan su compromiso por un agua pública

Más de 150 personas apoyaron un manifiesto pionero en España. El documento aboga por la gestión municipal del servicio, sin lucro

EL PERIÓDICO 08/05/2014

Más de 150 personas se dieron cita ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza para apoyar y ser testigos de la firma de un documento pionero en España, por el que el consistorio, sindicatos y colectivos sociales se comprometen a mantener el agua y su gestión como un servicio público frente a la privatización a la que se está viendo sometida. Actualmente, alrededor del 50% de los servicios de abastecimiento en España están en manos privadas.

Una iniciativa que surge al hilo de otras similares en latinoamérica y Europa, pero cuyo ejemplo no se había trasladado a España hasta ahora. Fue la Red Agua Pública de Aragón (RAPA), con el profesor emérito de Economía de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo al frente, quien la impulsó, y ha conseguido el apoyo político de los grupos de izquierda --el PAR y el PP declinaron participar-- y sindicatos. Como explicó Arrojo, el documento no es un contrato legal, "pero sí una obligación política y moral suscrita públicamente, que nos da una solidez con la que seguir trabajando".

Representantes del equipo de Gobierno municipal --el vicealcalde Fernando Gimeno y el teniente de alcalde de Urbanismo Carlos Pérez-Anadón--, de IU y CHA, de los sindicatos y los colectivos asistieron a la presentación del acto, a cargo del periodista Fernando Rivarés, a la lectura de un poema de Emilio GAstón, al pequeño speech de Gimeno y al discurso de Pedro Arrojo, que sintetizó las líneas maestras del compromiso.

El Compromiso social y político por la gestión pública y participativa del agua en la ciudad de Zaragoza y su entorno, que es su nombre oficial --el ayuntamiento lo rebautizó como Abrazo del agua--, aboga por considerar los ríos y acuíferos como un patrimonio natural y público --siguiendo la línea marcada por la ONU en el 2010--, por lo que la gestión y tratamiento del agua debería ser un servicio de acceso universal y vinculado a los derechos humanos, no sometido a las leyes del mercado.

LEGISLACIÓN

El que sea un documento de principios no implica que no apueste por medidas concretas y oposiciones firmes. Por ejemplo, apuesta por la gestión municipal de estos servicios, frente a la reducción de competencias que propugnan --asegura el documento-- tanto la Ley de Bases de Régimen Local como el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración de la DGA. Sobre este, lo califican de "económica y financieramente inviable" por su tecnología. Creen que "está dando lugar a pagos abusivos e injustos como pagar por servicios que no se prestan".

El órgano de gestión contaría con participación de un Consejo Social, según el documento, con control ciudadano de la gestión. Y el sistema tarifariom además de "justo y equitativo", debería contemplar que los remanentes, si los hay, nutrieran un fondo de acción social.