El Congreso argentino discute acaloradamente un proyecto de despenalización y legalización del aborto en medio de una sociedad movilizada a favor y en contra de la iniciativa con un nivel de intensidad sin precedentes. La realidad apremia: medio millón de mujeres (buena parte de ellas adolescentes e incluso menores, en su mayoría pobres) interrumpen su embarazo cada año en la clandestinidad. El debate tiene en vilo a Argentina. Cada hora que pasa crece la expectativa y la tensión, entre otras cosas porque el rechazo al aborto apenas ganaría por uno o dos votos procedentes de las provincias donde la influencia de la Iglesia Católica tiene más peso. Pero esa mínima diferencia podría cambiar, entre otras cosas porque la presión en las calles es intensa.

La sesión en la cámara de diputados era acompañada por una multitud que, con sus pañuelos verdes -símbolo de una lucha que es transversal- pide que la ley se haga realidad. Un fuerte cordón policial la separaba de quienes, exhibiendo ecografías, rechazan de plano el aborto. La efervescencia llegó a todos los rincones. Numerosas escuelas se encuentran tomadas. Los artistas más prestigiosos llaman desde las pantallas y las redes sociales a los legisladores a estar a la altura de las circunstancias. El Gobierno de derechas se encuentra incluso dividido y puede ser que el titular del Congreso, el macrista Emilio Monzó, dirima con su voto la paridad en la madrugada del jueves.

Desde hace más de una década, masivas movilizaciones de mujeres reclaman bajo la consigna «por el derecho a decidir» que el Parlamento consagre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El crecimiento exponencial del movimiento feminista a partir de la lucha contra el feminicidio y la discriminación de género ha creado las condiciones políticas para volver a discutir otra vez un asunto candente que es rechazado por los sectores más conservadores de la sociedad. El aborto es la principal causa de mortalidad materna en más de la mitad de los casos, en un país sin estadísticas fiables.

Argentina sancionó una ley de divorcio en 1986 a pesar de las fuertes presiones eclesiásticas. Casi un cuarto de siglo más tarde entraron en vigencia el matrimonio igualitario y la ley de igualdad de género. Pero el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito encontró resistencias en las cúpulas partidarias, temerosas de contradecir al papa Francisco. Todavía rige una normativa del 1921. El Tribunal Supremo autorizó en el 2012 la interrupción del embarazo en caso de violación o de grave riesgo para la madre. Los hospitales públicos registran 53.000 ingresos de esas características. Sin embargo, solo ocho de las 25 provincias establecieron protocolos de atención hospitalaria para los abortos no punibles. La aporbación de aprobó la liberalización del aborto en iralanda por medio de una consulta popular ilusiona en Argentina.