En medio de crecientes rumores sobre inminentes anuncios de una posible nacionalización parcial de YPF y de cambios en la política energética del Gobierno de Argentina, la provincia de Santa Cruz ha decretado la caducidad de las concesiones de la petrolera --de la que Repsol tiene el 57,4% de las acciones-- en tres áreas de esa región patagónica que equivalen al 11% de la extracción de crudo que realiza en todo el país la compañía.
Las tres licencias retiradas representan a su vez el 38% de la presencia de la petrolera en Santa Cruz. Con esta quita, precedida por decisiones similares de esa y otras provincias, Repsol acumula una pérdida de producción del 44,7% en Argentina. El decreto en cuestión debería ser ratificado por la Cámara de Diputados provincial, lo que se da como un hecho consumado.
La semana pasada, el gobernador Daniel Peralta ya había anticipado la embestida contra Repsol al considerar "irreversible" la caducidad de la concesión. Una vez más, el argumento es la supuesta falta de inversión de la petrolera. "YPF debería invertir más de mil millones de dólares en esa área. Y dudo de que lo haga", dijo Peralta.
La empresa intentó frenar el hecho consumado y presentó el miércoles a una propuesta de inversión del orden de los 4379 millones de dólares.
"Estamos cambiando el formato de desarrollo del petróleo", dijo, por su parte, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, sobre el viraje que se empezó a insinuar en enero cuando la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, criticó sorpresivamente la supuesta falta de inversiones de las empresas petroleras.
Posible anuncio de nacionalización
En este contexto, se espera que la presidenta se dirija este jueves al país. Según el diario Clarín, "se especula que el motivo (de la comparecencia de Kirchner) sería el anuncio de que el Estado pasará a controla" un porcentaje de YPF, que "se convertiría en una compañía mixta, de capitales públicos y privados". De esta manera, el Estado se quedaría con la parte de la petrolera que actualmente controla el Grupo Petersen (un 25,5%) y "también se haría de un porcentaje del total accionario que está en manos de la española Repsol o de los fondos Lazard y Eton Park, que también poseen acciones de la empresa".
Jorge Sapag, gobernador de Neuquén, otra provincia patagónica, dejó entrever esa línea de acción en las últimas horas. "Seguramente el Estado va a querer gobernar esta sociedad de economía mixta y alentar la inversión privada", dijo. "No hay tiempo que perder, lo hablé con la presidenta de la nación, está dispuesta a recibir capitales de cualquier parte del mundo", añadió Sapag.
El cerco contra YPF, señala por lo general la oposición, es consecuencia de una política energética errática que obliga al país a importar este año combustible por 10.000 millones de dólares.
