Si el escándalo Luxleaks, que puso en evidencia la existencia de centenares de acuerdos fiscales entre las autoridades de Luxemburgo y empresas multinacionales para rebajar su factura fiscal, salió a la luz fue gracias a las informaciones reveladas por dos exempleados de la consultora PriceWaterHouseCooper, Antoine Deltour y Raphaël Halet, enjuiciados en el Gran Ducado por robo de documentos, revelación de secretos empresariales y violación de confidencialidad. Su gesto no fue premiado. Desde entonces no han salido de los tribunales.

La misma presión vive Hervé Falciani, el informático franco-italiano que sustrajo datos de 130.000 cuentas opacas en el banco suizo HSBC exponiendo a miles de evasores fiscales, y pendiente ahora de una posible extradición de España a Suiza. Situaciones como las suyas podrían tener los días contados gracias a una nueva directiva dirigida a proteger a los delatores que denuncien casos de fraude y evasión fiscal y que presentará mañana la Comisión Europea.

La propuesta responde a la fuerte presión de la opinión pública, la insistencia de la Eurocámara y de organizaciones como Transparency Internacional, que llevan meses reclamando una legislación integral que ponga fin a la fragmentación existente en la UE, donde solo unos pocos Estados miembros están bien pertrechados en términos legislativos mientras que otros carecen de legislación -como Chipre o Malta- o solo disponen de medidas sectoriales -es el caso en 17 Estados miembros- pero sin ser lo suficientemente eficaces para garantizar una protección general y evitar que todo aquel que tire de la manta no sea considerado como un delincuente.

El marco de protección diseñado por Bruselas se aplicará a sectores que abarcan desde los servicios financieros, hasta la protección de los consumidores, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, la sanidad pública, la competencia, la protección de datos o la seguridad nuclear.