En un contexto de creciente recelo frente a los signos vinculados al Islam en el espacio público, las decisiones adoptadas por una treintena de ayuntamientos del litoral francés prohibiendo el uso del burkini no solo se ha convertido en la polémica del verano, sino en un nuevo motivo de división política incluso en el seno del Gobierno de París.

El tono del debate se ha endurecido además por la cercanía de las elecciones presidenciales de mayo del 2017 en las que, tanto la derecha como la izquierda comparten un mismo objetivo: arañar votos al rampante Frente Nacional, que gana terreno sin mover un dedo con cada polémica de este tipo.

De ahí la importancia de la audiencia que se celebró ayer en el Consejo de Estado, la máxima autoridad administrativa francesa, sobre la legalidad del decreto del alcalde conservador de la localidad de Villeneuve Loubet, en la Costa Azul, que prohíbe la cuestionada prenda alegando «riesgos potenciales de alteración del orden público».

El Consejo de Estado deberá pronunciarse hoy sobre las apelaciones presentadas por la Liga de los Derechos Humanos (LDH) y el Comité contra la Islamofobia en Francia (CCIF) tras la decisión del Tribunal de Niza avalando el decreto antiburkini.

Aunque el Elíseo ha mantenido silencio sobre este delicado asunto a la espera del veredicto de la alta institución, muchos miembros del Gobierno ya se han pronunciado, y no siempre en la misma dirección.

Fiel a su estilo, el primer ministro, Manuel Valls, se ha alineado con la línea más dura, reiterando ayer su apoyo a los alcaldes, al considerar que el burkini es un «signo de proselitismo religioso que encierra a la mujer». «Todo lo que suponga una voluntad de atacar al Islam es condenable, pero hay que luchar contra el islamismo radical, contra los símbolos con los que pretenden ocupar el espacio público. Es una batalla ideológica», dijo en la radio RMC el jefe del Ejecutivo, que, en cambio, no es partidario de legislar sobre el burkini como se hizo en su día sobre el velo en los colegios o sobre el burka.

En las filas de la derecha, el expresidente Nicolas Sarkozy mostró su hostilidad a la prenda en cuestión al considerarla «un acto político militante y una provocación».

DAR ALAS AL RACISMO / En cambio, la ministra de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, se ha manifestado en otro sentido, diciendo que la proliferación de decretos antiburkini supone una «deriva política» que conduce a «dar rienda suelta al racismo». También la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, ha denunciado una especie de «histeria política y mediática» en torno a este asunto.

Las asociaciones feministas parecen también divididas. Mientras algunas critican los vetos municipales, otras denuncian una indumentaria «sexista o arcaica» sin llegar a pedir su prohibición. Según Osez le féminisme (OLF), las grandes perdedoras son las mujeres de confesión musulmana porque padecen, al mismo tiempo, «la humillación, el sexismo y el racismo».

En cambio, para la creadora del burkini, Aheda Zanetti, la prenda persigue precisamente un objetivo feminista. «Cuando inventé el burkini, a principios del 2014, fue para dar más libertad a las mujeres, no para que tuvieran menos», ha dicho en The Guardian.

Las fotos de la intervención policial en una playa de Niza para obligar a una mujer a desvestirse han añadido más leña al fuego. El Colectivo contra la Islamofobia asegura que tiene en este momento 16 expedientes de mujeres con velo que han sido amonestadas, a pesar de que ninguna llevaba burkini.

El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, tras una reunión «urgente» solicitada por el presidente del Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), Anouar Kbibech, advirtió de que las ordenanzas municipales dictadas en nombre del laicismo no deben llevar a la «estigmatización» o al «antagonismo» de unos franceses frente a otros.

Según un sondeo publicado en Le Figaro, el 64% de los franceses se opone al burkini en las playas. El 83% son simpatizantes del Frente Nacional, el 76% de los Republicanos y el 62%, del Frente de Izquierdas. H