Las protestas en Túnez continúan. El ministro de Interior, Jalifa Chibani, ha señalado que "la intensidad de la violencia ha disminuido en comparación con los últimos días". Sin embargo, desde el inicio de las protestas casi 600 personas han sido detenidas y para este fin de semana la sociedad civil y los partidos opositores han convocado grandes movilizaciones coincidiendo con el séptimo aniversario de la revuelta en Túnez, conocida como "la revolución del Jazmín" y precursora de la primavera árabe.

El descontento de la población, originado por las nuevas políticas de austeridad del Estado impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), está presente en las calles de todo el país. La noche del miércoles estuvo marcada por la elevada cifra de detenciones, un total de 328, y los disturbios en ciudades como de Ben Arous, Tebourba y Siliana, donde, según ha informado Chibani, 21 agentes de seguridad resultaron heridos y 10 vehículos policiales dañados.

El Ejército

Las autoridades tunecinas han enviado el Ejército a algunas localidades, como Thala, en la frontera con Algeria, después de que varios manifestantes quemaran un edificio de las Fuerzas de Seguridad y los agentes tuvieran que abandonar la ciudad. En Siliana, en el norte del país, un grupo de jóvenes arrojó piedras y cócteles Molotov, explosivos caseros, a las fuerzas de Seguridad a lo que éstas respondieron disparando gases lacrimógenos.

Los altercados entre los manifestantes y los agentes policiales empezaron el lunes, día en el que falleció un hombre a causa de una crisis respiratoria provocada por la inhalación del gas lacrimógeno. Tras este acontecimiento, decenas de personas se manifestaron el martes ante la sede del Ministerio de Interior, donde gritaron eslóganes como "Policía asesina, Ministerio terrorista" y "No tenemos miedo, las calles volverán a hervir".

Hace 10 días, el Gobierno presentó los presupuestos de este año. Unos fondos marcados por los recortes y la austeridad que ha obligado a aplicar el FMI, después de que, en el 2017, concediera a la Administración tunecina un crédito de 2.500 millones de euros.