Corría el año 2006 cuando las costas canarias fueron escenario de la masiva llegada de embarcaciones en las que los inmigrantes trataban de arribar a tierra firme occidental. El episodio, conocido como la crisis de los cayucos fue el detonante para que el Gobierno español implementara el Plan África, un programa para potenciar el desarrollo de 12 países desde los que partían buena parte de los inmigrantes. Una fachada bajo la que se ocultaban "otros intereses" que más tenían que ver con prioridades geoestratégicas y comerciales, como destaca Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau. "Bajo la apariencia de cooperación y ayudas al desarrollo, Madrid firma acuerdos bilaterales con Marruecos, Mauritania y otros países, a los que proporciona inversiones, material militar, capacitación de guardacostas y formación en seguridad", describe Calvo.
La iniciativa fue una manera sutil de implementar esa externalización, que no tardaría en normalizar la UE. "España fue un precursor en este campo, especialmente con su estrecha relación con Marruecos para detener los flujos migratorios en Ceuta y Melilla, incluyendo el programa comunitario Seahorse Network, uan red de intercambio de información con las autoridades marroquís, mauritanas, de Senegal y Cabo Verde. También se fomentaba aumentar la capacidad de esos países para recopilar, analizar y gestionar los datos migratorios", explica Mark Akkerman, investigador de la oenegé holandesa Stop Wapenhandel.
ABUSOS
Países que adoptan las directrices occidentales a cambio de inversiones y pactos materiales, complicando la existencia de los inmigrantes en tránsito. Se percibe en Turquía, donde el acuerdo migratorio que alcanzó con la UE deriva en unas condiciones de explotación laboral, por ejemplo en las cadenas de suministro de las marcas de ropa occidentales. O en territorio libio. "Las circunstancias que rodean a los refugiados en este país son terribles, sobreviviendo en centros gestionados por el gobierno o las milicias armadas; por no hablar de los mercados de esclavos que se han detectado dentro de sus fronteras", describe Akkerman.
La situación no es mucho mejor en Sudán, que amparada en los pactos con Europa, ha adoptado duras medidas contra los refugiados eritreos, con violentas detenciones y deportaciones indiscriminadas. Tampoco los refugiados deportados a este país salen muy bien parados, siendo sometidos a grandes abusos”, denuncia el investigador holandés.
En cualquiera de esos países donde la UE ha externalizado sus tentáculos fronterizos se producen graves problemas de violencia de género, agresiones sexuales y acosos que sufren mayoritariamente mujeres y niñas. "En Turquía, por ejemplo, los abusos parten de la propia policía, militares, empleadores y en los mismos campos de refugiados", dice Akkerman. Y en Libia, la situación es incluso peor, destaca el investigador: "Las niñas y las mujeres refugiadas se adentran en el país mentalizadas de que se verán amenazadas por violaciones y otras formas de violencia".
