Hasta ahora no eran más que acusaciones relativamente genéricas y vagas, informaciones de prensa y filtraciones interesadas. Pero ahora ya son imputaciones formales, con nombres y apellidos, detalles sobre las actividades de los acusados y unas órdenes de extradición que se formularán en los próximos días. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha lanzado una operación judicial en toda regla contra la maquinaria de propaganda que Rusia utilizó presuntamente para interferir en las pasadas presidenciales. Un gran jurado ha presentado cargos contra 13 ciudadanos de aquel país y tres empresas, a las que acusa de lanzar «una guerra de información» para «crear división» en la sociedad estadounidense y «socavar la confianza en la democracia».

El auto acusa a los demandados de «conspirar para defraudar a EEUU» y describe una compleja trama dirigida desde San Petersburgo por la llamada Agencia de Investigación de Internet, una compañía con cientos de empleados y financiada por empresas fantasma, algunas de ellas operadas por individuos cercanos a Vladímir Putin, según la acusación. Sus operaciones habrían comenzado en el 2014 para centrarse en redes sociales y plataformas como Facebook, Instagram, Twitter o Youtube. «El objetivo declarado era ‘generar desconfianza hacia los candidatos y el sistema político en general’».

Para conseguirlo, los acusados habrían creado perfiles falsos en las redes, haciéndose pasar por activistas estadounidenses que pusieron en marcha grupos y páginas dedicados a terciar sobre los asuntos políticos y sociales que más dividen a los estadounidenses, como las armas, la raza o el aborto. Los acusados llegaron incluso a organizar actos políticos a favor o en contra de los candidatos. «Sus operaciones apoyaron al entonces candidato Donald Trump y denigraron a Hillary Clinton», asegura el auto.

Algunos de los acusados llegaron incluso a viajar a EEUU para recabar inteligencia y poder así diseñar una estrategia efectiva. También compraron miles de anuncios en las redes sociales y llegaron a reclutar a ciudadanos estadounidenses de carne y hueso a cambio de dinero, sin que estos supieran que estaban trabajando para una compañía rusa. Ninguno de los acusados se encuentra actualmente en EEUU, por lo que será difícil que acaben compareciendo ante la justicia, ya que Rusia tiende a negarse a cumplir con las órdenes de extradición de su rival geopolítico.

Estas acusaciones formales surgen de la investigación que conduce el fiscal especial Robert Mueller, encargado de esclarecer la injerencia rusa y averiguar si la campaña de Trump llegó a cooperar activamente con las operaciones del Kremlin para inclinar a su favor las elecciones.

Esta es una buena noticia para el presidente, que siempre ha negado su implicación en la trama, pero a partir de hoy le va a costar mucho más defender que el Rusiagate no es más que «un timo» o «una farsa», como ha dicho en numerosas ocasiones.