Donald Trump no es inmune a la presión ni, por supuesto, a los cálculos políticos y electoralistas. Ayer, tras varios días de indignación creciente, denuncias y críticas por la crisis humanitaria que ha abierto separando a familias de inmigrantes que cruzan sin papeles la frontera, y después de que se dispararan los miedos de los republicanos por el potencial efecto negativo de la crisis en las elecciones legislativas de noviembre, el presidente de EEUU anunció que firmará una orden ejecutiva para frenar esas separaciones que él mismo empezó.

«Queremos mantener a las familias juntas. Es muy importante. Voy a firmar una orden ejecutiva», dijo Trump en unas declaraciones a la prensa en la Casa Blanca antes de una reunión con varios miembros del Congreso y de su gabinete. Trump insistió en la importancia de mantener «fronteras fuertes», pero defendió que su Administración también tiene «compasión» y se mostró confiado en que el Congreso, que hoy estudia dos propuestas de ley republicanas de reforma migratoria, apruebe algo que «iguale» el contenido de su orden ejecutiva.

Según avanzó AP, es la secretaria de Seguridad Nacional, Kirjsten Nielsen, quien ha estado trabajando en el borrador de esa orden que no anularía la «tolerancia cero» y mantendría la idea de juzgar en el sistema penal el cruce de sin papeles pero dirigiría a su departamento a mantener juntas a las familias cuando son detenidas. La orden también instaría al Defensa a ayudar a esas familias.

¿NUEVA CRISIS? / The New York Times y The Washington Post han avanzado posibles elementos de la orden que prometen batallas legales. Aunque el decreto volvería a permitir que las familias de inmigrantes permanezcan unidas, podría hacer también que su detención sea indefinida mientras los adultos esperan comparecer ante un juez. Además, los niños y los adultos podrían ser retenidos no en las instalaciones y refugios especialmente habilitados para menores y que dependen del Departamento de Salud y Servicios Humanos, sino en instalaciones para adultos que son responsabilidad del ICE, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional que aplica las leyes de inmigración y aduanas.

Ambos puntos --detención indefinida y el lugar donde se mantiene a los inmigrantes-- vulnerarían la normativa vigente. En concreto, incumplirían el Acuerdo Flores, aprobado en 1997 y modificado por un tribunal en 2016, que obliga a mantener a los niños en el espacio «menos restrictivo posible» y solo permite tenerlos bajo custodia un máximo de 20 días.

La Administración se enfrenta a otro problema. ICE tiene tres centros para familias (dos en Tejas y uno en Pensilvania) con capacidad combinada para 3.000 personas, y a mediados de junio estaban prácticamente llenos. En el último mes, según los datos oficiales, 2.342 niños han sido separados de sus padres.

Fue el propio Trump quien abrió la crisis, decidiendo aplicar la «tolerancia cero» con los cruces ilegales de la frontera, y que se juzgara como criminales a los adultos en lugar de en la justicia civil, como habían hecho Administraciones previas, forzando así la separación de los menores, que no pueden ser encarcelados con sus padres. Esa decisión política provocó una situación inhumana que ha desatado no solo las críticas de activistas, líderes religiosos y la oposición demócrata sino también de voces destacadas dentro del Partido Republicano. Entre los conservadores en el Congreso, además, empezó a temerse por el efecto negativo que podía tener en las legislativas de noviembre con las mujeres, que según las encuestas son las más opuestas a separar a los niños.

Trump se había enrocado en la defensa de su decisión. Pero tras la presión social y política, nacional y global, y según algunas fuentes incluso de la primera dama, Melania Trump, el presidente ha tenido que recular.