Alemania avanza lentamente hacia la igualdad salarial entre hombres o mujeres. Desde este enero, la primera potencia económica de la Unión Europea es un poco menos injusta, puesto que ha entrado en vigor una nueva ley de transparencia que obliga a las empresas a informar a sus empleadas de cuanto cobran sus compañeros de trabajo. De esta manera se da armas a la mujer para que pueda denunciar cualquier discriminación o para que pueda exigir una remuneración más alta, al nivel de los hombres.

Este último gesto escenifica un mayor esfuerzo por eliminar un problema endémico, especialmente crítico en Alemania. A pesar de haber sido históricamente reacia a adoptar medidas legales para frenar la discriminación salarial por género, la presión de los socialdemócratas ha llevado a la cancillera, Angela Merkel, a cambiar ligeramente el rumbo de Alemania en los últimos años. Antes de dar cuerda a esa ley, Berlín impulsó otras regulaciones para frenar este problema. Así, a principios del 2015 el Gobierno alemán estableció, en contra de lo que pedían los sindicatos, una cuota femenina obligatoria para que las grandes empresas reservasen un mínimo del 30% de las sillas de sus consejos de administración para mujeres. Con esta ley, Alemania siguió el camino trazado antes por Francia, Bélgica, Países Bajos e Italia.

En el 2015, tan solo el 7% de los puestos en las juntas directivas de las empresas que cotizan en la bolsa eran ocupados por mujeres. Impulsada por los socialdemócratas, la ley pretendía corregir esa desigualdad. Sin embargo, en enero del 2017 un informe apuntó a que en dos años el cambio de mujeres en consejos de administración solo había crecido de un 5,2% a un 6,7%, un ritmo demasiado lento. Impulsado por un empleo precario, Alemania sigue siendo uno de los países con una mayor brecha salarial de la UE. Las alemanas cobran hasta un 22% menos que sus compañeros. La media de la zona euro es del 16,8%.