Colombia amaneció este martes con otro horizonte político a la vista. En la noche del lunes, las Naciones Unidas informaron que las FARC han dejado en sus contenedores los últimos de los 7132 fusiles que tenían en su poder. De esta manera, se cierra un capítulo esencial del sangriento conflicto interno iniciado en 1964. El presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, volverán a reunirse para celebrar el cumplimiento de ese punto esencial de la agenda de paz. Las FARC pasan a ser un partido político más de ese país.

La insurgencia solo mantiene las armas necesarias para mantener la seguridad en los 26 campamentos donde se han reunido sus integrantes. Este desarme no tiene precedentes en una Colombia en la que otros grupos armados cumplieron a medias parte de sus pactos con el Estado. El M-19 tenía unos 700 militantes pertrechados pero solo entregó 280 armas. En EPL contaba con 2.500 combatientes y cedió 600 fusiles. Cuando los casi 32.000 paramilitares de extrema derecha se desmovilizaron entregaron 18.024 armas.

Ahora las FARC deben dar el siguiente paso convenido durante las negociaciones en La Habana y presentar al Estado la lista de bienes que sirvieron durante muchos años para financiar la lucha armada. Ese dinero será usado para reparar a las víctimas y sostener programas de reintegración de guerrilleros a la vida civil.

NUEVOS DESAFÍOS

A pesar de la trascendencia de lo ocurrido en las últimas horas, el optimismo en Bogotá es moderado. Todavía quedan asuntos de primer orden para garantizar que el acuerdo de paz se materialice en su totalidad. El Congreso tiene en sus manos la responsabilidad de sancionar las leyes que ofrezcan a la guerrilla seguridad jurídica y garantías de que el tránsito de los exinsurgentes a la vida civil no encontrará problemas inesperados.

La ley que reglamentará la Jurisdicción Especial de Paz será la primera tarea por definir. Y es de especial relevancia porque definirá el modo de operar del sistema de justicia que juzgará a los involucrados en el conflicto armado. En este contexto, Jesús Santrich, uno de los negociadores de las FARC de los acuerdos de La Habana, inició una huelga de hambre indefinida ante lo que definió como “la falta de voluntad política” del Gobierno de hacer realidad lo pactado en lo que se respecta a liberar a los presos que pertenecen a la insurgencia. Hasta el momento salieron de las cárceles 832 de los 3.400 presos que deberían haber obtenido ese beneficio.

VIOLENCIA QUE PERSISTE

El desarme de las FARC, por otra parte, no termina con los problemas de violencia en Colombia. Días atrás estalló en el baño de mujeres de un centro comercial bogotano un artefacto que mató a tres personas. La autoría del atentado fue adjudicada a un minúsculo grupo. En tanto, dos periodistas holandeses fueron secuestrados por el ELN. A su vez, decenas de líderes sociales y numerosos sindicalistas han sido asesinados en el interior del país. “Estos días han sido un déjà vu de los peores años de la guerra, y dejaron la sensación de que en Colombia todo sigue igual que antes”, señaló la revista 'Semana'.