La práctica de subrogar servicios se ha normalizado de tal manera que parece improbable dar con una situación novedosa. Hasta topar con una práctica que no impulsa una empresa, sino un conjunto de estados, y constatar que, esta vez, el objetivo no atiende a intereses económicos, sino geopolíticos. Lo sufren, sin ser conscientes, millones de personas que parten de sus países huyendo de la muerte y la barbarie. Lo constatan durante su tránsito por países desconocidos, aquellos que imaginaban como un trámite en su ansiado viaje a Europa pero que se convierten en un obstáculo mayúsculo, cuando no definitivo. La Unión Europea (UE) apuesta por la sutil estrategia de externalizar el control fronterizo en países ajenos a su territorio, aliados que actúan como si los refugiados pretendieran asentarse en su propio territorio. Pero no. Ese intenso celo está incentivado por Europa, que alarga su sombra miles de kilómetros para que la caravana de la desesperación no alcance sus costas.

«La UE demuestra una obsesión cada vez mayor con los flujos migratorios desde que se firmó el acuerdo de Schengen. Comporta un cambio de estrategia respecto a la inmigración, dejando en segundo plano el enfoque humanitario para abordarlo desde el punto de vista de la seguridad. Cada vez emplea más medios y personal militares para afrontarlo», describe Mark Akkerman, autor del informe Expandiendo la fortaleza, que describe las políticas de externalización de fronteras de la UE.

Una obstinación «provocada», que «no se puede atribuir a gente que ha perdido el norte», destaca Jordi Calvo, coordinador del Centro Delàs de Estudios por la Paz, que impulsa el informe junto al Transnational Institute y Stop Wapenhandel, la campaña holandesa contra el comercio de armas. «Se ha creado una narrativa para justificar la necesidad de destinar recursos para combatir la inmigración, cuando el auténtico reto no es defenderse de una amenaza irreal, sino garantizar una buena convivencia en los países de acogida. Esa perspectiva solo interesa a compañías de vigilancia, armamentísticas y auditorías de seguridad. Se abre un nicho de negocio», revela Calvo. El análisis señala, entre otros, al gigante armamentístico francés Thales y Airbus, «grandes exportadores de armas», así como a empresas proveedoras de equipos biométricos y de identificación, como la alemana Veridos.

El proceso se ha acelerado especialmente desde el 2011, cuando estalló la primavera árabe y cundió el temor en Europa de que «aumentara el número de refugiados», destaca Akkerman. «La UE adopta el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad, y apuesta por la externalización del control, revirtiendo la estrategia previa de lograr que terceros países colaboraran en las deportaciones de Europa», subraya el investigador. Una colaboración en la que destacan países como Turquía, Libia, Egipto, Sudán, Nigeria y Mali, apoyados por la UE y, en algún caso, también por Francia, Alemania o España de manera individual.

Vigilancia e identificación

El apoyo que brinda Europa a estos países se basa en tecnologías de vigilancia e identificación, instrumentos que los estados receptores utilizan como elementos de represión interna, dando pie al doble discurso de Bruselas. «Oficialmente, la UE pide que se eviten prácticas poco democráticas, pero luego ignora abusos flagrantes que avivan conflictos. En su obsesión migratoria, legitima y fortalece las malas prácticas de regímenes autoritarios, sin abordar el auténtico problema: los motivos que empujan a la gente a migrar», explica Akkerman.

El informe señala a 35 países como colaboradores con la UE y su política de externalización, y considera a la mayoría de ellos como regímenes opresores o con deficiencias democráticas. Un caldo de cultivo que empeora las penosas condiciones de los refugiados. «Hay un serio retroceso en materia de derechos humanos e incluso en países como Libia hay mercados de esclavos», revela Calvo. Adversidades añadidas que les llevan a emprender nuevas rutas, «más peligrosas» y controladas por mafias, que empeoran notablemente su periplo y aumentan la mortalidad en el tránsito migratorio.

Circunstancias que no cambiarán «mientras la UE siga concebida como una unión de estados y no de personas», expone Calvo. «Se precisa más democracia en Bruselas, y así seguirá mientras el Parlamento, el órgano que representa a los ciudadanos, tenga menos repercusión que los lobis, que desde la sombra ejercen una gran influencia sobre la Comisión y el Consejo Europeo».