El tiempo se acaba. Aunque tanto Greciacomo sus acreedores coinciden en que se han producido «avances importantes» de cara a un acuerdo en lanegociación, muchas diferencias distan aún de ser franqueables. El día clave en la cuenta atrás es el próximo 5 de junio, fecha en que el país heleno debe devolver 305 millones de euros al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La posibilidad de un impago --que el Ejecutivo izquierdista de Alexis Tsipras ya utilizara como medida de presión-- se dibuja ahora más nítida que nunca. «Los cuatro tramos de junio para el FMI suman 1.600 millones de euros. Este pago no se realizará, ni existe dinero para realizarlo», declaró el domingo el ministro del Interior, Nikos Voutsis. No obstante, al día siguiente, el portavoz del Gobierno suavizó el mensaje, señalando que el deseo del Ejecutivo es cumplir con sus obligaciones tanto en el interior como en el exterior.

Las oportunidades de que Atenas logre reunir el dinero correspondiente a este tramo de deuda son escasas, apunta el analista económico Miltiadis Gouzouris. «La última vez fue cuestión de buena suerte», comenta a este diario. El mes pasado, el Ejecutivo logró pagar 760 millones de euros recurriendo, paradójicamente, a un «fondo de emergencia» del propio FMI.

«Hay un gran riesgo de que se fracase a la hora de pagar. Por eso, el Gobierno se está apresurando para lograr un acuerdo en lo que respecta a la parte técnica de las negociaciones con la esperanza de obtener a cambio un retraso de la fecha de pago». Este aplazamiento es, según el analista, «el escenario más probable».

ENMIENDA RADICAL

Entretanto, la divergencia de opiniones con respecto a los pagos amenaza con ensanchar aún más la brecha interna de Syriza. Durante la agitada reunión del comité central del partido que se celebró durante el fin de semana, se votó que, en caso de presentarse el dilema, la prioridad la tengan salarios y pensiones frente al resarcimiento de la deuda. Tsipras logró imponer una línea relativamente conciliadora con Bruselas al manifiesto final.

Sin embargo, una enmienda propuesta por el ala más radical de Syriza, que reclamaba la suspensión de pagos en caso de que la troika de acreedores continuara con sus «tácticas coercitivas», fue rechazada por tan solo 95 votos en contra, frente a 75 a favor.

«Los que no quieran acuerdo que se mantengan en silencio», manifestó Tsipras, en referencia a la oposición tanto interna como extranjera. Grecia se encontraría ya «en el tramo final de las negociaciones» y dispuesta a aceptar «un acuerdo viable», explicó durante la reunión del comité central, siempre y cuando esto no suponga la sumisión a «términos humillantes».

El Gobierno de Tsipras cifra sus esperanzas en llegar a algún tipo de acuerdo tan pronto como esta semana o a primeros del mes que viene. Este martes, de hecho, se reanudan una vez más las negociaciones en el grupo de Bruselas. Pero las diferencias que los equipos técnicos tratarán de solventar son aún profundas. Atenas está dispuesta a reformar los tipos de IVA, que quedarían en el 23%, el 14% y el 7%. Las instituciones, en cambio, prefieren un sistema con solo dos tipos, del 23% y el 10%, que según calculan aportaría a las arcas públicas helenas ingresos de entre 3.000 y 4.000 millones de euros anuales.

El superávit primario vuelve a estar también sobre la mesa. El Gobierno pide que el objetivo de este año se reduzca al 0,8% del PIB --frente al 1,4% previsto hasta ahora, y el 3% que estaba presupuestado a principios de año.

LOS CONVENIOS COLECTIVOS

Respecto a las pensiones, Atenas está dispuesta a limitar las jubilaciones anticipadas, pero no a mantener, tal y como quieren los acreedores, la llamada «cláusula del déficit cero», que supondría un tajo a las pensiones compensatorias. En el plano laboral, Bruselas se niega taxativamente a aceptar la reintroducción de los convenios colectivos.

No obstante, no todo son desacuerdos. Según la prensa helena, existe unanimidad sobre el mantenimiento del impuesto sobre la propiedad --eso sí, recortado--, que Syriza pretendía abolir y que puede garantizar ingresos de 2.600 millones anuales. También sobre el incremento de gravámenes como el de solidaridad para aquellos con ingresos superiores a los 30.000 euros anuales, o del que pesa sobre ciertos artículos de lujo.

Según una encuesta de 'Public Issue' publicada durante el fin de semana, un 54% de los griegos continúan apoyando la estrategia de negociación del Gobierno, considerando que no debe ceder ante los acreedores. Además, un 81% y un 89% de los encuestados, respectivamente, se manifiestan en contra de los despidos masivos y de los recortes en pensiones.