Francia abre este martes un proceso judicial inédito. Las familias de los jóvenes yihadistas franceses que mueren combatiendo en las filas del Estado Islámico en Siria o Irak no solo hacen frente a la pérdida de un hijo, sino que pueden verse obligadas a rendir cuentas ante los tribunales por un posible delito de financiación del terrorismo.

Nathalie Haddadi, una asesora comercial de 42 años que vive en la localidad alsaciana de Lingolsheim, se sienta este martes en el banquillo de los acusados por haber enviado dinero a su hijo mayor, Abbes Bounaga, fallecido en Siria en agosto del 2016. Haddadi recibió una llamada vía la aplicación Viber anunciándole que había muerto como un mártir cuando no había cumplido los 21 años.

“Aquel día perdí a mi hijo. Es como si me hubieran abierto el pecho en carne viva y ahora me veo ante este tribunal. Tengo la sensación de estar en el suelo y de que siguen ensañándose conmigo”, ha relatado la mujer al diario ‘Le Parisien’. Junto a ella, comparecen ante los jueces su hijo menor y un amigo del yihadista. Todos están acusados de un delito de financiación del terrorismo que puede costarles hasta 10 años de cárcel.

Antes de unirse al califato, el joven Abbes Bounaga apareció en el radar de la policía por tráfico de drogas y actos violentos. Su proceso de radicalización se inició en el 2014 cuando fue encarcelado en la prisión de Estrasburgo.

Al terminar su condena, Haddadi decidió echarle una mano para que rehiciera su vida en Argelia, país de residencia del padre, enviándole el dinero para un billete de avión. Abbes Bounaga viajó a Argel desde Fráncfort (Alemania) el 9 de noviembre del 2015.

“Al principio tenía noticias tranquilizadoras. En abril del 2016 me dijo que quería viajar un poco antes de volver a Francia”, prosigue la madre del yihadista.

5.500 EUROS EN TRANSFERENCIAS

Haddadi sostiene que nunca pensó que el dinero fuera para otra cosa distinta de lo que su hijo decía y que su única intención era protegerle. “Tenía proyectos, quería abrir un 'fast-food' en Argelia, incluso su padre lo decía. Era normal”, ha señalado en la emisora France Bleu.

Los viajes llevan a Bounaga a Malasia, a los Emiratos Árabes Unidos, a Irán y a Turquía para terminar finalmente en Siria. Desde allí llama un día por teléfono a su madre. “Perdóname, mamá. Te quiero, pero quiero a Dios más que a ti”, le dijo. En total, durante su periplo había recibido la cantidad de 5.500 euros en diversas transferencias ordenadas por su madre, su hermano y un amigo.

La policía duda de que la familia ignorara el destino final de ese dinero a la luz del papel que jugó uno de los amigos de Bounaga, radicalizado e igualmente juzgado por financiación del terrorismo.

Sin embargo, el abogado del hijo menor, el magistrado Matthieu Juglar, argumenta que un apoyo financiero no implica avalar los actos terroristas. “Como no se puede condenar a un muerto en Siria, se ataca a la familia como si se tratara de hacerles pagar por ello”, se rebela el letrado en ‘Le Parisien’. La misma línea de defensa ha utilizado el abogado de Haddadi, Hervé Denis, al lamentar que se use el texto de la ley “de manera indigna”.

DISUADIR A LAS FAMILIAS

El tribunal correccional de París deberá determinar si aportar una ayuda económica a una persona radicalizada significa participar en la financiación del terrorismo. El código penal francés precisa que “el hecho de financiar una empresa terrorista proporcionando, reuniendo o gestionando fondos, valores o bienes, constituye igualmente un acto de terrorismo”.

La Fiscalía antiterrorista pretende desplegar todo su arsenal legal, especialmente el derecho financiero, para disuadir a las familias de ayudar a los hijos que deciden unirse a la causa de la yihad.

Pero el proceso abre el debate sobre esta estrategia. Si la fiscalía decide juzgar a todas las familias que se encuentran en la misma situación, los tribunales podrían acabar teniendo entre manos muchos casos similares.

El pasado mes de junio fueron imputados por financiación del terrorismo tres padres de yihadistas franceses, responsables de una asociación de prevención del radicalismo, de quienes se sospecha que usaron fondos públicos para enviar dinero a sus hijos en Siria.