El diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela ha vuelto a empantanarse. Las conversaciones han entrado en «una especie de receso indefinido», explicó ayer en su calidad de mediador el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. El Gobierno de Nicolás Maduro decidió seguir adelante con su hoja de ruta y puso la fecha de los comicios presidenciales: el 22 de abril.

El anuncio coincidió con nuevas presiones del frente exterior. El Tribunal Penal Internacional (TPI) iniciará una «investigación preliminar» por el uso en Venezuela de una «fuerza excesiva» policial durante las protestas del 2017, que dejaron decenas de muertos. La fiscala Fatou Bensouda puntualizó que el TPI tratará de determinar si existe un «fundamento razonable» que le permita intervenir.

En este contexto, y mientras la Administración de Trump estudia estrechar el cerco económico contra Caracas, el Parlamento Europeo aprobó una petición para ampliar las sanciones que ya impuso la Unión Europea contra Venezuela.

Medina expresó su desazón por el nuevo e inesperado traspié. Según el mandatario dominicano, la delegación del Gobierno de Venezuela había llegado a su país «con el propósito de firmar un acuerdo definitivo», pero la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) «no entendió que estaba obligada a firmarlo y pidió tiempo para evaluar el documento». Jorge Rodríguez, el jefe de la delegación chavista, atribuyó la marcha atrás opositora a presiones del secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, quien días atrás visitó Argentina, Perú y Colombia con la cuestión venezolana como tema principal.

Maduro rubricó el texto en soledad. Según el Acuerdo de Convivencia Democrática que mostró ante las cámaras de televisión, el chavismo y la MUD se comprometían a crear una «comisión bilateral para suprimir las sanciones unilaterales contra el país». A su vez, proponían al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que enviara una delegación de acompañamiento electoral. Se pactaba asimismo en lo referente a la equidad en el acceso a los medios y la creación de mecanismos que permitan la «coexistencia institucional» entre la Asamblea Nacional (Parlamento, dominado por la oposición) y la Asamblea Nacional Constituyente.

Se estudiarían también «propuestas constructivas» para afrontar la crisis económica y social. Medina y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero debían encabezar la denominada «Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo».