Los ciudadanos rumanos han dicho hasta aquí hemos llegado. Las protestas masivas en las calles -alrededor de 250.000 personas el miércoles por la noche- han puesto en un brete al reciente Gobierno socialdemócrata, liderado por el primer ministro Sorin Grindeanum, a poco más de un mes de llegar al poder. El detonante ha sido el último decreto aprobado que despenaliza algunos casos de corrupción. Por ejemplo, no es delito si la cantidad del perjuicio no supera los 44.000 euros.
La aprobación del decreto vino por la vía urgente el martes, por sorpresa, para evitar así su paso por el Parlamento. El escándalo es de tal envergadura que uno de los ministros, el titular de Comercio y Empresa, Florin Jianu, ha anunciado ya su dimisión por "ética". "Para poder mirar a los ojos a mi hijo en el futuro", apostilla, para añadir: "La dimisión no se debe a mi falta de honestidad profesional porque mi conciencia está muy tranquila en este sentido pero lo hago por mi hijo".
La concentración de protesta en la capital, Bucarest, fue una de las más masivas que se recuerdan desde la caída del comunismo en el país en 1989, con el dictador Nicolas Ceaucescu al frente. Manifestaciones que se extendieron a otras grandes ciudades del país, como Timisoara, Sibiu y Cluj. Lemas como 'Retirad el decreto y dimitid' y 'Ladrones' fueron coreados por miles de personas ante la sede del Ejecutivo, calificado a gritos por los manifestantes como "traidor".
ARGUMENTO PEREGRINO
El peregrino argumento esgrimido por el Gobierno para aprobar el decreto es el de desmasificar las prisiones rumanas porque supondría la excarcelación de decenas de personas implicadas en casos de corrupción. Pero a nadie se le escapa que el líder del gubernamental Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, imputado en un caso de abuso de poder y corrupción por cantidades cercanas a los 24.000 eruos, quedaría libre de acusaciones de prosperar el decreto.
RECURSO JUDICIAL
La pelota está ahora en el tejado de la justicia. El propio presidente del país, Klaus Iohannis, ha reconocido que hay un conflicto entre el Gobierno, el Parlamento y el poder judicial que debe dirimir el Constitucional. La oposición ya ha anunciado que acudirá a la justicia para intentar dejar en papel mojado un decreto que, de no ser paralizado, entrará en vigor en 10 días.
"No creo que en Europa exista algo parecido a esto. No nos iremos hasta que el Gobierno lo derogue (el decreto)", dijo Florin Toma, uno de los manifestantes, en un testimonio que resume el sentir general.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha mostrado su "preocupación" por la deriva de la gestión del Gobierno rumano.
