La representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España, Francesca Friz-Prguda, asegura que la reforma de la ley de Extranjería en vigor desde hace dos semanas "no da cobertura legal alguna a las devoluciones sumarias" de inmigrantes a Marruecos en las vallas de Ceuta y Melilla y pide que se dicten instrucciones a la Guardia Civil en tanto se ultima un protocolo de actuación para ponerles fin.

Así lo ha señalado Friz-Prguda durante una entrevista con Europa Press en la que ha expresado su "preocupación" porque pudieran haberse producido "devoluciones automáticas" a Marruecos de inmigrantes interceptados en los saltos de la valla de Melilla que se registraron el 7 y el 14 de este mes de abril, asunto del que ha tenido noticia durante un viaje de trabajo a las ciudades autónomas y sobre el que ha pedido información al Gobierno. "Tengo entendido que no hay nuevas instrucciones para la Guardia Civil sobre cómo interpretar esta nueva legislación o cómo actuar. Tengo entendido que actúan en base a las viejas instrucciones que han llevado a complicaciones varias, incluyendo imputaciones". Hubo unos incidentes el 7 y el 14 de abril en Melilla que indican que es muy probable que haya habido devoluciones automáticas. "Como hay muy poca información precisa sobre las circunstancias, hemos solicitado clarificaciones al Gobierno", explica la representante del ACNUR.

"EL DERECHO A PEDIR ASILO ES UNIVERSAL"

"El derecho a pedir asilo es universal, no depende de donde uno venga, cuál sea su origen o el modo en que ha entrado a un país, así que la enmienda no ampara las devoluciones automáticas de ningún modo, no hay ninguna duda. Además, España tiene jurisdicción y es responsable de una persona en el momento en que la Guardia Civil ejerce su autoridad sobre ella, esté en la valla en la que esté, y hay jurisprudencia explícita internacional y europea al respecto", destaca.

Incide así en que la devolución sobre la marcha de los migrantes interceptados "sigue siendo ilegal". "No sólo pone en riesgo a las personas que posiblemente están bajo el amparo del ACNUR, porque no se sabe si en el grupo hay personas huyendo de la guerra, sino también al personal de la Guardia Civil y cualquier otro involucrado en la actuación del perímetro, porque si implica una violación del derecho internacional puede tener consecuencias importantes", afirma.

EN MANOS DE LA GUARDIA CIVIL

Friz-Prguda pone el acento en que el objetivo debe ser hacer operativa la nueva ley con "una buena práctica en la frontera", para lo cual se necesita que la Guardia Civil sepa cómo tiene que proceder. "Se deben dar instrucciones concretas, claras y precisas sobre cómo interpretar esta nueva norma de forma que se permita tanto proteger la frontera como estar en el marco del derecho internacional", apunta.

Explica que desde finales de 2013 han entrado aproximadamente 6.500 sirios en las ciudades autónomas e incide en que, en este contexto, la Policía "está haciendo un trabajo excelente y muy loable con un personal limitado": Sólo en el CETI de Melilla residen 1.500 personas, más de 400 de ellos niños, de las dos tercios son solicitantes de asilo.