Las imágenes de los niños inmigrantes encerrados en jaulas tras haber sido separados de sus padres han dado la vuelta al mundo. Por más que no sean nuevas. También la Administración Obama utilizó las mismas instalaciones en el 2014, cuando 70.000 menores cruzaron la frontera mexicana sin papeles ni la compañía de sus familiares. Pero esas jaulas no son más que un refugio ¿pasajero? Tres días después de ser detenidos por la Patrulla de Fronteras, los niños son trasladados a centros de internamiento gestionados por subcontratas privadas del Gobierno de Estados Unidos. Allí esperan hasta que las autoridades les encuentran un pariente en situación regular, una familia de adopción o un espónsor que se haga cargo de ellos. La espera no está exenta de riesgos, a tenor de las denuncias por abusos que enfrentan muchos de estos centros.

Hay cerca de un centenar de refugios para niños inmigrantes repartidos en 17 estados, centros subcontratados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, principalmente a organizaciones sin ánimo de lucro o de corte religioso, pero también a contratistas militares como General Dynamics. Actualmente albergan a 11.800 menores. La mayoría llegaron solos a la frontera, pero ahora conviven con los niños separados de sus padres por la política de «tolerancia cero» de Trump, que esta semana cedió y firmó un decreto para interrumpir la separación de familias.

No se sabe cuándo ni cómo se producirá la reunificación. Pero la retención de niños que cruzan ilegalmente la frontera continuará. La Administración Trump ha encargado al Pentágono que construya campamentos para alojar a 20.000 menores en cuatro bases militares. No se descarta que puedan ser internados allí junto a sus familiares.

Esta última decisión sugiere que el sistema está colapsado. No da abasto. En los últimos meses, Tejas ha autorizado a 15 refugios a exceder la capacidad. «El bienestar de los niños se está yendo al garete porque el Gobierno dice que no tiene suficiente espacio», ha dicho la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales.

A los problemas de hacinamiento hay que añadir el historial de abusos que arrastran algunos centros. Las alegaciones incluyen tratamiento médico inadecuado, abusos físicos y sexuales, castigos severos o administración de sedantes y antipsicóticos.

Abusos y castigos

Una investigación de Reveal, un proyecto del Centro para el Periodismo de Investigación, sostiene que de los 3.400 millones de dólares que EEUU destinó a financiar los centros de internamiento de menores inmigrantes en los últimos cuatro años casi la mitad fueron a parar a albergues con denuncias por maltrato.

Muchos de los niños llegan a los refugios ya de por sí traumatizados. La separación es abrupta. En ocasiones se les dice que tienen que ir a darse una ducha y, cuando regresan, sus padres ya no están, según han contado abogados y trabajadores sociales, lo que lleva a los más pequeños a pensar a veces que han sido abandonados. «Están en crisis, lloran desconsoladamente», ha dicho la directora adjunta del Centro Juvenil para los Derechos de los Niños Inmigrantes, Elisabeth Frankel. «Hemos visto niños con ataques de pánico. No pueden dormir, mojan la cama. Sufren una regresión y algunos dejan de hablar».

Técnicamente no pueden quedarse en los refugios más de 57 días, el plazo que se dan las autoridades para encontrarles una familia, pero no siempre se cumplen los términos legales. Ni tampoco los protocolos para el cuidado de los menores. Uno de ellos tuvo que esperar dos semanas para recibir tratamiento médico tras ser diagnosticado con una enfermedad sexualmente transmisible. Otros fueron ninguneados a pesar de tener huesos rotos o quemaduras. Un empleado se presentó a trabajar borracho. Otra intercambió vídeos sexualmente explícitos con los internos hasta que fue condenada a 10 años de cárcel, según las denuncias analizadas por Reveal.

Unos cuantos menores nunca salieron de los centros internamiento. Un adolescente de 16 años murió en el 2010 tras ser «reducido» en un armario por los guardas. Otra de 15 años falleció «asfixiada» en el 2002. Un tercero lo hizo un año antes. Particularmente aterradora es la situación de los niños internados en el Centro de Tratamiento de Siloh, cerca de Houston. Varias denuncias le acusan de suministrar potentes ansiolíticos, sedantes y antipsicóticos para drogar a los menores y controlar su comportamiento. Se hace sin el permiso de los padres. Y los niños quedan aturdidos, mareados, engordan o quedan incapacitados, según las demandas. Pero Siloh sigue operando con normalidad. Solo dos centros han perdido sus licencias en los últimos años por denuncias de maltrato.

Algunos refugios parecen regirse por una disciplina militar y deshumanizada. Antar Davidson, un antiguo trabajador social de un refugio en Arizona, dimitió hace unos meses al quedar horrorizado por lo que vio. Niños desesperados que gritaban y trataban de huir. Incluso intentos de suicidio.