Luiz Inácio 'Lula' da Silva recibió este martes casi al mismo tiempo dos noticias contrastantes. La última encuesta de la consultora CNT/MDA le otorga un 33,4% de la intención de voto, casi 20 puntos más que el exmilitar y nuevo líder de la ultraderecha Jair Bolsonaro. Pero la otra novedad encendió la señal de peligro. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) avanzó decididamente hacia la inhabilitación política del expresidente de Brasil cara a las elecciones de octubre al dejar abierta la posibilidad de que sea enviado a prisión en abril.

El STJ desestimó una petición de habeas corpus preventivo (derecho a comparecer de inmediato ante el juez) hecha por la defensa de Lula para evitarle un escenario que consideran un acto de la venganza que comenzó a escribirse en enero pasado. Ese mes, un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre condenó al fundador del Partido de los Trabajadores (PT) a 12 años y medio de prisión por haber recibido un apartamento en el balneario paulista de Guarujá de parte de una constructora, de nombre OAS, a cambio de presuntos beneficios. La condena no se basó en pruebas contundentes sino en la confesión de un empresario arrepentido. Tampoco se pudo probar que Lula hubiera ocupado siquiera el inmueble.

VÍA LIBRE A LA DETENCIÓN

El STF avaló esa controveruda sentencia, que aumentó los años de cárcel dispuestos en primera instancia por el juez Sergio Moro, y habilitó a la Cámara de Apelaciones de Porto Alegre a solicitar la detención del candidato presidencial del PT. En caso de que se consume el arresto en la unidad penitenciaria de Curitiba, en el sur brasileño, el Tribunal Electoral debe decidir si Lula puede participar en los comicios de octubre.

“Están intentando impedir la candidatura más fuerte del campo de la izquierda”, dijo el expresidente, quien expresó su voluntad de pelear “hasta las últimas consecuencias” por su derecho a presentarse a las elecciones, para las que los sondeos le muestran como favorito.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

“La mayoría del pueblo brasileño sabe que Lula fue condenado sin pruebas, sin haber cometido un delito, en un proceso político que trata de impedir su candidatura”, señaló el PT después de que se pronunciara el STJ.

La defensa de Lula no solo pone el énfasis en el carácter político de los dictámenes. También pide a la máxima autoridad judicial de Brasil que haga valer el “principio constitucional de presunción de inocencia” porque “nadie, sea Lula o cualquier otro ciudadano, puede ser privado de la libertad antes del tránsito en juicio de la última instancia”. Los abogados del ex líder sindical ratificaron su decisión de formular apelaciones ante la ONU y otras instancias internacionales.