Venezuela es un juego de apuestas cada vez más fuertes por parte de los contendientes políticos. De cara a la asamblea constituyente, el presidente Nicolás Maduro decidió autorizar eltercer aumento del salario mínimo en seis meses. Esta vez será de un 50%, para llevarlo a 97.531 bolívares (unos 30 euros). Los incrementos precedentes fueron del 50% y el 60%, respectivamente, pero siempre por detrás de una inflación que, de acuerdo con el FMI, llegaría al 720% anual.

Al mismo tiempo, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y otros sectores críticos del Gobierno resolvieron invocar un artículo de la Carta Magna de 1999, el 71, para frenar las elecciones constituyentes del 30 de julio mediante un referéndum. “Que sea el pueblo el que decida si rechaza o desconoce la Constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges.

“Como somos millones, reafirmemos que somos mayoría los que queremos elecciones. Que la participación masiva sea nuestra fuerza para defendernos de este Gobierno”, señaló por su parte Henrique Capriles, el gobernador del estado de Miranda. La consulta que propone la oposición incluye además dos preguntas al electorado: una sobre el papel de las Fuerzas Armadas, cuya jefatura responde políticamente al chavismo, y otra acerca del comportamiento de los poderes públicos que actúan “al margen de la Constitución”, un modo elíptico de referirse al Ejecutivo y el Tribunal Supremo.

De acuerdo con los impulsores de la consulta, los venezolanos podrán votar en 1.600 puntos distribuidos en el país, así como 108 habilitados en el exterior. Para María Corina Machado, una de las dirigentes más radicalizadas, el 16 de julio, fecha propuesta para votar, “será el hito que inicia la fase definitiva para derrotar la dictadura”.

Toda la sociedad, señaló, “está convocada a salvar la República”. A la par, la MUD subrayó que la posible opción de las urnas no significa abandonar lo que Freddy Guevara, otro de los “duros” de la MUD, llamó “la agenda de la calle” que se activó hace tres meses y ha dejado un saldo de casi 80 muertos. Un 85% de los venezolanos rechaza participar en las protestas violentas, que el Gobierno llama “guarimbas”. Así lo revela una encuesta de Datanalisis, la misma consultora que ha medido la baja popularidad del presidente. Las movilizaciones continuarán hasta que se garantice una salida electoral global, insistió no obstante Guevara.

LA FISCAL GENERAL CONTRA EL GOBIERNO

El desafío inmediato que se propone la MUD es frenar una acción del Supremo contra Luisa Ortega Díaz, la fiscal que, en su momento, avaló la cárcel de Leopoldo López y, desde abril, aunque de manera gradual, se ha convertido en uno de los adversarios más inesperados y vehementes de Maduro. Ortega Díaz primero rechazó un intento de disolución del Congreso. Luego le dijo “no” a la Constituyente, alegando la necesidad de preservar la obra de Hugo Chávez.

Por lo pronto, la fiscal enfrenta a partir de este martes la embestida del Supremo, que intentan removerla de su cargo. Ortega Díaz decidió en las vísperas convocar a la población, chavistas y antichavistas, a que se unan para enfrentar al poder político. “Llamo a quienes queremos calidad de vida, a quienes queremos que las familias vuelvan a unirse, y a quienes quieren que sus hijos vuelvan al país con oportunidades, a defender pacíficamente y sin violencia lo que por derecho nos corresponde”, dijo.

Ortega Díaz defendió su tarea, la que definió apegada a la Constitución y “quizá una de las pocas ventanas democráticas que nos quedan”. La fiscalía, dijo, “no se intimidará y mucho menos entregará sin luchar las libertades y los derechos de los venezolanos”. Lo que está en juego, advirtió, “es la libertad y el futuro” y “no descansaré hasta que Venezuela recobre el camino de las libertades, rendirse no es una opción”.