Nuevo escándalo en Alemania por los supuestos abusos de la industria armamentística. El poderoso fabricante de armas Heckler&Koch pagó a dos de los principales partidos políticos del país como soborno para que sus diputados agilizasen la venta ilegal de rifles de asalto a México, algo prohibido bajo la legislación alemana.
Así lo reveló el martes una investigación del programa Report Mainz y del diario Die Tageszeitung en la que se destapa que Heckler&Koch, el quinto productor mundial de armas de fuego, pagó entre el 2009 y el 2010 hasta 10.000 euros a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la cancillera Angela Merkel y otros 5.000 a dos diputados del Partido Liberal (FDP).
Ese pago, que se transfirió a las cuentas de ambos partidos para influenciar el voto político en el Parlamento, apunta peligrosamente al partido de la líder alemana. Según esa información, el pago se realizó a la asociación del distrito de la CDU en la ciudad de Rottweil, donde Heckler&Koch tiene su sede. Curiosamente el miembro conservador más conocido en esa circunscripción electoral es Volker Kauder, líder parlamentario de la CDU y estrecho amigo de Merkel.
Además, tres semanas después del pago, el antiguo director ejecutivo de Heckler&Koch, Peter Beyerle, se puso en contacto con Kauder para que éste ayudase al fabricante de armas a conseguir el permiso para realizar la exportación. La prensa tuvo acceso a esos correos electrónicos.
A falta de que se revelen más datos, la Fiscalía de Stuttgart confirmó que está investigando el caso para esclarecer si hubo sobornos a políticos para influenciar su voto en la exportación de rifles de asalto a México, algo que sería corrupción. «Aún se desconoce el impacto de esas donaciones en la concesión de licencias para la exportación», apunta la prensa.
La revelación supone un escándalo más para Heckler&Koch, que tiene a seis exempleados sentados en el banquillo de los acusados por presunta exportación ilegal de armamento a México. El proceso, el mayor vivido contra la venta de armas en Alemania, ha tardado ocho años en empezar.
A todos la Fiscalía les acusa de haber «violado deliberadamente la ley de control de las armas de guerra en un caso especialmente severo». Entre el 2003 y el 2011 el poderoso fabricante de armas alemán suministró un total de 4.767 fusiles de asalto G36 y otros accesorios a México con un valor de 4,1 millones de euros. Parte de estas armas llegaron a Jalisco, Chiapas, Guerrero y Chihuahua, Estados donde está prohibida la exportación debido a su flagrante vulneración de los derechos humanos. Para ello el Gobierno federal alemán debería haber autorizado permisos para la exportación. Esas armas también fueron encontradas en la matanza de 43 estudiantes de la ciudad de Iguala el año 2014.
