El 32,7% de los votos conseguido el domingo por los indignados del Movimiento 5 Estrellas (M5S) -que le ha convertido en la primera fuerza política de Italia- está teniendo un efecto bomba en el mapa político italiano. La primera víctima política es el exprimer ministro Matteo Renzi, líder de los progresistas del Partido Demócrata (PD), que tras haber anunciado su dimisión aplazada no ha recibido con buen grado la propuesta de una parte de su partido de negociar con el M5S un futuro posible gobierno. Durante la campaña electoral, Renzi ya advirtió que nunca iba a negociar con «los extremistas».

Pero no todos piensan lo mismo en su partido, empezando por el actual primer ministro, Paolo Gentiloni y varios ministros. Al M5S le faltan 100 diputados para gobernar en mayoría. Los puede conseguir con apoyo tanto de la derecha de Matteo Salvini de la Liga Norte como de la izquierda (todavía) de Renzi. De momento, ambos han dicho que no.

«Renzi que se vaya y deprisa», dijo ayer Michele Emiliano, presidente de la región Apulia y peso pesado del PD. «Renzi corre el riesgo de propiciar una catástrofe democrática en Italia y explosionar el PD para impedir que el partido apoye al M5S», añadió. Emiliano advirtió que, si no es así, «el M5S se soldará con las derechas». Numerosos dirigentes progresistas, elegidos en diferente partes de la península, también se suman a la alianza.

Dos días después de las elecciones los llamados poderes fácticos ya han empezado a asumir la victoria de los indignados. Vincenzo Boccia, presidente de la Patronal, ha declarado que el M5E «es un partido democrático, no infunde miedo y nuestro deseo es que los partidos hagan un acto de gran responsabilidad por el interés del país». Tal y como sucedió en Francia y en otros países, la izquierda ha desaparecido de Italia, víctima, según los analistas, de no haber sabido administrar los efectos de la globalización, con las desigualdades sociales en primer lugar.

La victoria de la Liga en todo el norte es interpretada como un grito de esperanza de las pymes (hay pueblos con una empresa por cada tres habitantes) sobre la rebaja de impuestos y la expulsión de los sin papeles. En el sur, con más paro y más abandono, los indignados han cuajado prometiendo una «renta de ciudadanía» (sueldo universal), que los economistas consideran imposible de pagar.