El Senado de Polonia aprobó el miércoles por la noche, con 57 votos a favor y 23 en contra, la polémica ley que tipifica como delito el uso de la expresión «campos de concentración polacos» para referirse a centros de exterminio, como Auschwitz, que estaban situados en su territorio, o cualquier otra afirmación que implique complicidad de la nación polaca con el Holocausto. La ley, que ya había sido aprobada el viernes anterior por la Cámara baja del Parlamento polaco, ha desatado la furia en Israel, y ha recibido críticas de otros países, como Estados Unidos o Ucrania. También ha levantado las protestas de los supervivientes del Holocausto y sus descendientes y de no pocos historiadores y académicos.
Esta norma legislativa, que no ha entrado aún en vigor porque debe ser sancionada por el presidente del país, Andrzej Duda, dispone multas y penas de hasta tres años de cárcel para los supuestos infractores. Duda ha afirmado que someterá el texto a un minucioso examen, pero ha subrayado que Polonia «tiene derecho a defender la verdad histórica».
FALSIFICACIÓN
Los críticos de la ley temen que se utilice para limitar la libertad de expresión y organizaciones judías polacas creen que puede conducir a falsificar la historia. El Gobierno de Israel ha reafirmado que «se opone firmemente» a la decisión. «Israel ve con suma gravedad cualquier intento de desafiar la verdad histórica. Ninguna ley cambiará los hechos», ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Emmanuel Nahshon.
Desde hace décadas, las autoridades polacas se esfuerzan en transmitir el mensaje de que el Holocausto tuvo lugar, pero que los polacos fueron víctimas, no sus responsables.
La ley está especialmente enfocada a periodistas -artistas y académicos no podrán ser perseguidos-, y afecta a todas las personas «independientemente de las leyes vigentes en el lugar donde se cometa el acto», según el texto.
Son habituales las denuncias del Gobierno polaco cuando medios extranjeros usan la expresión «campos de concentración polacos» para referirse a Auschwitz, un centro de exterminio ubicado en Polonia pero abierto y operado por los ocupantes de la Alemania nazi.
Especial preocupación ha levantado la posibilidad de que la ley penalice referencias a los actos individuales de ciudadanos polacos que fueron cómplices de los nazis en el genocidio de los judíos, algo de lo que existen numerosas pruebas y que ningún historiador riguroso pone en duda.
Además de indignación, la aprobación por el Senado ha causado sorpresa en Israel porque hace pocos días, después de que la Cámara baja le diera la luz verde, el presidente Duda y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, se comprometieron con el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, a establecer un diálogo al respecto.
La crisis con Polonia ha logrado unir a todo el espectro político en Israel, tanto en el Gobierno como en la oposición, algo poco común. El ministro para los Servicios de Inteligencia y también ministro de Transportes, Yisrael Katz, miembro del derechista Likud (el partido de Netanyahu), ha pedido al primer ministro que retire al embajador israelí en Polonia, como medida de protesta. La dirigente opositora y exministra de Exteriores, Tzipi Livni, ha considerado la ley como «un escupitajo a la cara de Israel» y ha abogado por que se responda «agresivamente» presentando toda la documentación que evidencia los crímenes de guerra polacos durante el Holocausto.
Algunos diputados israelís apoyan una ampliación de las leyes ya existentes contra la negación del Holocausto de forma que incluya una posible sentencia de cinco años de cárcel para quien niegue o minimice el papel de los colaboradores del nazismo en los crímenes del Holocausto.
El Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalén, ha asegurado que la ley «pone en peligro la discusión libre y abierta de una parte del pueblo polaco en la persecución de los judíos».
PREOCUPACIÓN / También EEUU expresó ayer su «preocupación» por las consecuencias de la ley. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, advirtió de que Varsovia se arriesga a que se produzcan «repercusiones» en «los intereses y las relaciones estratégicas de Polonia, incluido con EEUU e Israel».
En Polonia ha sorprendido la contundencia de la respuesta israelí. El viceministro de Justicia, Marcin Warchol, ha negado que la ley pretenda interferir en la investigación histórica. Pero la ley también tiene detractores. Un centenar de artistas, políticos y periodistas han firmado una carta abierta pidiendo su abolición.
El presidente de la UE, Donald Tusk, exprimer ministro polaco y oponente político del actual Gobierno derechista, nacionalista y populista, señaló en su cuenta de Twitter que la ley ha tenido el efecto opuesto al que perseguía. «Cualquiera que difunda la frase falsa de «campos polacos» daña el buen nombre de Polonia. Pero los autores de la ley han promovido esta difamación de forma más efectiva que nadie».
