La justicia tailandesa ha dictado sentencia contra 103 acusados de trata humana tras el hallazgo de campamentos ilegales de inmigrantes y fosas comunes en la frontera con Malasia. Entre los imputados hay un alto cargo y miembros del Ejército de Tailandia así como policías, empresarios y políticos locales. Los más de 100 acusados se enfrentan a penas de cárcel, entre ellas la cadena perpétua, e incluso condenas a muerte en los casos de asesinato.
La red de tráfico estaba organizada en la totalidad del Golfo de Bengala. Los inmigrantes eran retenidos en condiciones inhumanas en varios campamentos clandestinos a ambos lados de la frontera entre Tailandia y Malasia. El descubrimiento de los campos y de fosas interrumpió el canal habitual que tiene como destino el segundo país. Las mafias se vieron obligadas a abandonar a miles de indocumentados a la deriva y ante el rechazo de Tailandia, Malasia e Indonesia a acogerlos, se originó la peor crisis de refugiados que ha sufrido la región en décadas.
El juicio empezó en 2015 tras una investigación que lideró un policía tailandés y que contó con el apoyo de la organización Fortify Rights. Durante el proceso, ambos han sufrido amenazas y falta de protección policial.
