El régimen de Guinea Ecuatorial ejecutó el pasado sábado a un civil y tres exmilitares condenados a la pena capital en un juicio sumarísimo, media hora después de ser dictada su sentencia, sin esperar a una apelación, ni poder despedirse de sus familiares, según fuentes opositoras.

Los exmilitares Jose Abeso Nsue, Manuel Ndong Aseme y el exmiembro de la seguridad presidencial y funcionario de Aduanas Jacinto Micha Obiang fueron condenados junto al civil Alipio Ndong Asumu por el tribunal militar por su supuesta implicación en el asalto al palacio presidencial de Malabo el 17 de febrero del 2009.

En el ataque a la sede presidencial, que se produjo mientras el presidente, Teodoro Obiang Nguema, se encontraba en Bata, la capital continental, perdieron la vida un soldado y un asaltante, según la versión oficial, que informó entonces de la detención de 15 supuestos miembros del grupo de asaltantes.

"RADICALIZACIÓN EXTREMA"

El Gobierno de Malabo atribuyó la autoría al grupo nigeriano Movimiento de Emancipación del Delta del Níger (MEND, por sus siglas en inglés), aunque este lo desmintió en un comunicado.

El líder de la opositora Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial (CPDE) y único parlamentario en la oposición, Placido Micó, ha expresado hoy su "preocupación, indignación y frustración" y considera las ejecuciones una "radicalización extrema del régimen de Obiang".

"Es una vuelta a los momentos más sanguinarios del régimen de Macias", afirma en conversación telefónica desde Malabo. Para el dirigente opositor ecuatoguineano "la comunidad internacional no puede permanecer en silencio, callados a la espera del petróleo".

Por su parte, el ministro portavoz, Jerónimo Osa, ha rechazado responder por teléfono a las preguntas de EFE y se ha remitido al comunicado oficial difundido hoy en Madrid por la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial en el que critica a quienes "cuestionan el juicio". La misma nota reitera la legalidad del juicio militar y los fusilamientos, aunque el diputado opositor insiste en que los condenados tenían derecho a la jurisdicción ordinaria y a ejercer la apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

Amnistía Internacional denunció anoche en un comunicado las torturas en la cárcel en Malabo y el secuestro en Benin, donde vivían como refugiados desde hace años, de los cuatro ejecutados, cuyo juicio, señala, careció de las mínimas garantías legales.