Nicolas Sarkozy saca la artillería pesada para librar una batalla de resultado incierto en el terreno judicial pero de la que espera salir airoso ante la opinión pública, su familia política y la militancia del partido Los Republicanos en la que el expresidente, retirado oficialmente de la primera línea política en noviembre del 2016, sigue siendo una referencia incontestable.

Imputado el pasado miércoles por los posibles delitos de corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña electoral y ocultación de fondos públicos libios, Sarkozy prosigue su estrategia de contraataque negando las acusaciones que pesan en su contra con el argumento de que no hay «la menor prueba» de que recibiera dinero de Muamar el Gadafi para financiar la fastuosa campaña que le llevó al Elíseo en el 2007.

La justicia comenzó en abril del 2013 la instrucción de un laborioso sumario tras las revelaciones del diario Mediapart de que el candidato conservador habría obtenido 50 millones de euros del régimen de Gadafi, muerto en el 2011 tras los ataques de una coalición internacional en la que Francia participó con entusiasmo.

El documento que sirvió de base para abrir la investigación es sencillamente «falso», según Sarkozy, que acusa al clan Gadafi de arrastrarle por el barro y calumniarle. «Una banda de asesinos y mafiosos», resumió el pasado jueves en el plató de TF1 poco después de que los magistrados que le interrogaron durante 26 horas decretaran su imputación y le sometieran a control judicial.

DESEO DE VENGANZA

Sarkozy dijo sentirse «herido en lo más profundo», aseguró que nunca había traicionado la confianza de los franceses y prometió defender su honor y no ceder un centímetro de terreno. En eso está, porque ayer dedicó una amplia entrevista al Le Journal du Dimanche en la que continúa con su táctica ofensiva y dice ser víctima de «una manipulación de dimensiones inéditas».

¿Quién está detrás? El entorno del «sanguinario dictador», los fieles al régimen depuesto y el diario Mediapart. ¿Por qué motivo decidirían acusarle? Para vengarse de la acción diplomática impulsada por Francia en Naciones Unidas para atacar Libia, en el primer caso, y para hacerle perder las presidenciales del 2012 y las primarias de su partido en el 2016 en el segundo. Esa es su versión de los hechos. Una lectura que no encaja con la decisión de los jueces de procesarle en un asunto que podría derivar en un escándalo de Estado si se confirmara la influencia de un régimen dictatorial en el acceso al poder del candidato conservador.

Sarkozy justifica también la alfombra roja desplegada en el 2007 para recibir en París al líder libio porque se produjo tras la liberación de las enfermeras búlgaras «secuestradas, torturadas y violadas» durante años en el país norteafricano. «Decir que favorecí al Estado libio es una monstruosidad», alega en la entrevista, en la que promete «acabar con los autores de la vergonzosa maquinación».

La historia judicial del expresidente no se limita al caso de la presunta financiación libia. También está imputado en otro asunto de facturas falsas de la campaña del 2012 pero en Le Journal du Dimanche Sarkozy ha dicho algo cierto. «Cada vez que he sido encausado, la justicia ha terminado por declararme inocente».