Venezuela se sitúa otra vez al filo del abismo político. El referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro ha quedado en el limbro. El presidente de la Asamblea Nacional (AN), dominada por la oposición, Henry Ramos Allup, habló de un “golpe de Estado continuado” después de que cinco tribunales provinciales suspendieran la organización de la consulta "hasta nueva orden judicial".

Los juzgados de Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo y Monagas fundamentaron su decisión en la sospecha de maniobras de fraude electoral cometidas meses atrás al presentar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 1% de las firmas del padrón requeridas para avanzar por el camino de la consulta. Esta medida se conoce nada menos que cuando la oposición, reunida en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), reclama en las calles que se habilite la recogida del 20% de los avales necesarios para que se vote la salida del presidente Nicolás Maduro antes de fin del 2016.

La CNE acató el dictamen de los tribunales “en apego al marco constitucional”. El organismo pidió un “diálogo nacional como fórmula democrática por excelencia para preservar la paz y la estabilidad de la República” y se puso “a disposición de los actores políticos e instituciones nacionales para coadyuvar en la búsqueda de las mejores condiciones que hagan fructífero este encuentro”.

El líder opositor Ramos Allup dijo que en Venezuela no rigen las instituciones. Consideró que “un Gobierno democrático consulta al pueblo” mientras que “una dictadura le huye a la consulta electoral”. “Ningún tribunal penal regional tiene competencia en procesos electorales”, recordó por su parte el diputado de la MUD, Juan Guaidó.

El chavismo, o al menos su sector más duro, parecen creer que es el momento de retomar la ofensiva política en medio de la feroz crisis económica. El diputado Diosdado Cabello no solo celebró la suspensión del referendo sino que pidió que los responsables de un presunto fraude “vayan a prisión por lo que han hecho al pueblo”.

Los opositores, sin permiso para salir del país

En este contexto, un tribunal del estado de Valencia prohibió salir del país a ocho dirigentes de la MUD, entre ellos Jesús “Chúo” Torrealba y Henrique Capriles, sin explicarse las razones de la medida. Este nuevo escenario político tiene derivaciones impredecibles. Venezuela ha perdido a sus aliados en el Mercosur (Brasil y Argentina). La Organización de Estados Americanos (OEA) mantiene la amenaza de aplicarle la “Carta Democrática” que puede significar la suspensión temporaria del país como miembro del organismo. El viraje se conoce en medio de los esfuerzos mediadores de una misión de la Unión de Naciones Sudamericanas que incluye al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.