"Solo quiero decir que lo siento mucho. Eso es todo". Fueron las últimas palabras de Billy Ray Irick, antes de ser ejecutado tras ser condenado a la pena de muerte por violar y asesinar a una niña de siete años en 1985. De esta manera, el estado de Tennessee (EEUU) ejecutó a un reo por primera vez desde el 2009 al suministrar una inyección letal.

A Irick, de 59 años, lo declararon muerto a las 19.48 hora local (00.48 del viernes GMT) en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, según notificó el Departamento Correccional de Tennessee. Esta ejecución se da casi nueve años después del caso de Cecil C. Johnson Jr., quien también recibió una inyección letal por matar a tres personas durante un robo en 1980.

El estado de Tennessee le sirvió a Irick una última cena a su antojo pero con un presupuesto máximo de 20 dólares, que consistió en una hamburguesa, aros de cebolla; y para beber, un refresco de cola.

A Irick lo condenaron a muerte en 1986 por asesinar un año antes a la pequeña Paula Kay Dyer, cuando cuidaba de ella y sus cuatro hermanos el 15 de abril de 1985. La autopsia determinó que la menor murió de asfixia y que había sido brutalmente sodomizada. Las autoridades detuvieron horas después a Irick, que confesó el crimen.

La lista de ejecuciones

La de Irick fue la decimoquinta ejecución del año en EEUU y la número 1.480 desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte hace cuatro décadas. Tennessee ha ejecutado a siete de estos 1.480 reos y actualmente este estado tiene 59 presos en el corredor de la muerte, 14 de ellos con los procesos de apelaciones agotados, por lo que las autoridades tienen luz verde para ejecutarlos.

Durante esta última década, el estado de Tennessee ha lidiado con una escasez de fármacos para sus inyecciones y con litigios de los abogados de los presos condenados a muerte, quienes peleaban contra los nuevos componentes que pretenden utilizar para ejecutarlos y todavía hay recursos pendientes contra los fármacos utilizados por el estado, concretamente el sedante midazolam, que ha causado problemas en el pasado.

En ese sentido Sonia Sotomayor, juez del Tribunal Supremo y que está en contra de estas ejecuciones, señaló que si la ley permite que esto suceda, “entonces hemos dejado de ser una nación civilizada y aceptamos la barbarie".