Túnez se prepara para aprobar una ley antiterrorista más eficaz y garante de los derechos humanos. Este último punto, controvertido en el país, ha introducido a la clase política y a la sociedad civil en un profundo debate que culminará el miércoles, fecha en la que está prevista que la reforma de la ley sea refrendada. La ley que actualmente se revisa data del 2003, y abrió la horquilla de la definición del crimen terrorista para abarcar desde «los actos violentos o la alteración del orden público hasta cualquier atentado contra los bienes públicos».

«Cualquiera podía ser juzgado en el marco del terrorismo. Cualquier cosa representaba la apología del terrorismo, por lo que las cárceles se llenaban de gente», denuncia a EL PERIÓDICO Anis Morai, analista político y periodista de la radio pública tunecina. Morai clama contra«la ley liberticida» que durante el anterior régimen abrió las alas a la justicia para aplicar condenas de cárcel contra aquel que pudiera representar una amenaza, aunque no hubiera pruebas para demostrarlo. «La nueva ley contempla la lucha contra los terroristas pero también el blanqueo de dinero porque no se puede olvidar que existen muchas asociaciones financiadas por países del Golfo, permitiendo que la corriente wahabí (visión rigorista del Islam) se instale en Túnez».

«La justicia ha sido muy arbitraria en el expediente del terrorismo, y se ha encarcelado a gente por el simple hecho de declararse muy practicante», continúa Morai, haciendo alusión a la política del exdictador Ben Alí, que persiguió y encarceló a islamistas y, según una visión general tanto en las filas liberales como conservadoras de Túnez, «se expolió el sentimiento religioso».

LAS ELECCIONES

El régimen cayó en el 2011, con la fuga de Ben Alí a Arabia Saudí. El campo político y religioso se liberó y estallaron los problemas en el plano económico y de la seguridad. Fue tal la escalada de violencia entre los grupos yihadistas y los cuerpos y fuerzas de seguridad, que el Gobierno liderado por el partido islamista Ennahda se desintegró en favor de un Ejecutivo de transición y la celebración de las elecciones legislativas en diciembre las presidenciales en enero.

El liberal Beyi Caid Essebsi salió elegido como presidente de la República, una victoria fraguada en nombre de la seguridad y en medio de la alerta terrorista. Pero, tras el atentado del pasado miércoles, que buscaba el impacto psicológico en la población local y la opinión pública internacional, además de interrumpir el proceso ejemplar de transición en Túnez, Essebsi ha dado cuenta de que la amenaza con marca yihadista acecha a cualquier Gobierno. «Las fuerzas liberales, que hoy encabezan el Parlamento, deben hacer entender a la opinión pública que con ellas el pueblo está seguro y de ahí la necesidad de sacar rápidamente una ley fuerte», afirma el también analista político Rida Tlil.

EL DISCURSO

«Me temo que el discurso político está lejos de las promesas. Hay que esperar a que ocurra una catástrofe para que se pongan las pilas y así calmar los ánimos de la población. Pero no se puede perder más tiempo, y se deben tomar medidas serias, eficacias para luchar contra los criminales», declara a este diario Mehdi Souhail, un abogado tunecino que forma parte del Comité Nacional Independiente para la Justicia. El día que se debata la nueva ley antiterrorista Souhail estará presente para proponer la creación de dos instituciones:una compuesta por tres jueces de instrucción que se ocupen solo y exclusivamente del expediente terrorista y otra formada por intelectuales que ayuden a políticos y jueces a comprender la complejidad del fenómeno terrorista.