Los gobiernos de la Unión Europea (UE) podrán mantener detenidos a los inmigrantes sin papeles hasta un máximo de 18 meses antes de su expulsión, según el acuerdo alcanzado ayer por los Veintisiete sobre el proyecto de directiva sobre retorno de inmigrantes irregulares. La nueva ley europea, que deberá ahora ser aprobada por el Parlamento Europeo, establece las normas comunes que deben aplicarse a los ocho millones de sin papeles que se encuentran actualmente en la UE.
Tras dos días de discusiones a nivel de embajadores, los Veintisiete lograron un acuerdo en el Comité de Representantes Permanentes del Consejo de la UE sin que ningún Estado expresara su oposición al texto consensuado. Las disposiciones de la directiva no se aplicarán a los demandantes de asilo, ni a las personas rechazadas en frontera, que se rigen por otras normativas.
La nueva directiva establece que los estados de la UE emitirán una orden de expulsión a cualquier persona extracomunitaria "que se encuentre ilegalmente en su territorio". Esta orden de expulsión se realizará caso por caso, basada en criterios objetivos, y tendrá un plazo de salida voluntaria de 7 a 30 días. Cuando venza ese plazo, los estados "tomarán todas las medidas necesarias para hacer cumplir" la orden de expulsión, aunque "tales medidas serán proporcionadas y no irán más allá de un uso razonable de la fuerza", precisa el texto acordado.
Los Veintisiete podrán mantener detenidos a los sin papeles durante seis meses, prorrogables por otro periodo adicional de 12 meses, cuando exista el riesgo de fuga, la persona no colabore en su repatriación o el país de origen tarde en remitir la documentación necesaria.
DISPARIDAD ACTUAL La directiva acortará el periodo de detención máximo existente en 10 estados de la UE. La detención es ahora ilimitada en Gran Bretaña, Irlanda, Suecia, Finlandia, Estonia, Dinamarca, Holanda, Grecia y Malta; y en Letonia puede llegar a 20 meses. Alemania tiene un plazo máximo de detención de 18 meses, como el pactado; mientras que los demás estados tienen periodos inferiores. En España, se limita a 40 días. Francia y Chipre tienen el plazo más corto: un mes.
El internamiento se hará en centros especiales, deberá ser ordenado por escrito "con motivación de hecho y de derecho" y estará bajo tutela judicial. Como las órdenes de expulsión, la decisión de internamiento podrá recurrirse ante los jueces. Alemania y otros países lograron que se eliminara del texto la obligación de dar asistencia letrada gratuita a los sin papeles para presentar esos recursos. El compromiso deja la cuestión en manos de cada Estado.
PROHIBICIÓN Las órdenes de expulsión podrán ir acompañadas de una prohibición de entrada de nuevo en el territorio europeo inicialmente de hasta cinco años. El plazo podrá ser superior si el inmigrante irregular "representa una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional". La directiva incorpora garantías especiales para los casos de sin papeles menores no acompañados y establece que los estados deberán tener en cuenta la situación familiar y el estado de salud del inmigrante.
