El número de víctimas de la minas antipersona (MAP) en Colombia casi se ha duplicado este año respecto al 2017, ha denunciado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Hasta 31 de julio, la CICR ha registrado 99 casos, 16 mortales. El año pasado fueron 56, según cifras facilitadas por Ana María Hernández, coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas del CICR. En lo que va de año, el 70% de los afectados son militares.

Colombia es el segundo país al mundo con más víctimas por este tipo de artefactos explosivos después de Afganistán, donde ha habido 11.400, entre muertos y heridos, en las últimas tres décadas. Según un informe oficial del 2017, 7.000 son policías.

NEGOCIACIONES DE PAZ

Según el mismo documento, en Colombia la mayoría de las MAP fueron colocados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), disuelta en el 2016, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desde el pasado mes de febrero negocia de paz con el Gobierno colombiano para poner fin a medio siglo de conflicto armado.

Desde que las FARC dejó las armas para transformarse en un partido político se ha reducido significativamente el número de víctimas, aunque el ELN, junto con grupos paramilitares y narcotraficantes, sigue utilizando estas armas para controlar los territorios y proteger los cultivos de coca, materia prima para producir la cocaína, de la cual Colombia es el mayor productor mundial.

CONTROL DE LOS NARCOCULTIVOS

Hernández precisó que crece el número de víctimas en las zonas que controlan los grupos paramilitares, los llamados "corredores estratégicos", donde se proteje los narcocultivos, como la zona del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Las FARC, que han mantenido su acrónimo al convertirse en partido político, se comprometieron a cooperar en las operaciones de desminado cuando firmaron el acuerdo de paz. En aquel año se registraron 84 víctimas, en comparación con las 221 del año anterior.

La lucha entre grupos del nactotráfico hace que "las operaciones de desminado sean muy complicadas", concluyó Hernández. El Gobierno pretende eliminar las minas antipersona de su territorio para el año 2021. En febrero del 2017 empezaron las operaciones de desminado en el 40% de las zonas afectadas.