CISA Cerraduras en Calatayud presentó el 26 de mayo ante la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón un expediente de extinción de contratos que afecta a 126 de los 186 empleados. Se iniciaba así un nuevo conflicto laboral en el que las posturas van a estar muy enfrentadas. Por el momento, los representantes de los trabajadores ya han subrayado que no van a aceptar el recorte "porque no hay causas objetivas que lo justifiquen". Algo que, al parecer, va a tener muy en cuenta el Ejecutivo autonómico.

De hecho, el consejero de Economía, Alberto Larraz, indicó que el ERE planteado es "una deslocalización pura y dura" y advirtió a la empresa de que necesitará el acuerdo con los trabajadores si quiere que la DGA autorice el expediente. En este mismo sentido se manifestó el consejero de Industria aragonés, Aruro Aliaga.