La Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro (Asafre) denunció recientemente que, transcurridas varias semanas desde que se empezaron a recopilar datos sobre los efectos de la última crecida, la Administración todavía no ha valorado los daños en las tierras sin asegurar, lo que impide cultivarlas y pone en peligro las cosechas de verano. Esta situación afecta igualmente a explotaciones ganaderas y a viviendas de urbanizaciones, manifestó el presidente de la entidad, el villfranquino Alfonso Barreras, que aseguró que el sector agroganadero del Ebro soportará daños de 300 millones de euros, "sin contar los cereales de invierno ni los cultivos hortícolas".

En principio, las tierras no aseguradas suman 10.000 hectáreas, de un total de 45.000 que resultaron anegadas en las sucesivas crecidas que registró el Ebro el pasado invierno y al comienzo de la primavera. Además, murieron dos personas y perecieron ahogadas 10.000 cabezas de ganado, según datos de Asafre.

Barreras, que estuvo acompañado por representantes de varios sindicatos agrarios, como UPA y Asaja, opina que la imposibilidad de reanudar la actividad en las tierras que no han sido peritadas "tiene impacto en 2.100 puestos de trabajo directos".

Según el presidente de Asafre, que atribuyó las riadas "a errores en los desembalses", este estado de cosas afecta asimismo a 400 viviendas en Alfajarín y a los barrios zaragozanos de Alfocea, Juslibol y Monzalbarba. Barreras reconoció que se está trabajando en las motas, que dependen de la Confederación Hidrográfica del Ebro, pero que aún hay "infraestructuras dañadas".

Además, según el colectivo, "no se han abonado los pagos" relacionados con las zonas inundadas, motivo por el que pidió que "las peritaciones se paguen una vez realizadas".

El presidente de los afectados aseguró que la falta de agilidad de la Administración a la hora de peritar los daños y abonar las indemnizaciones perjudica al sector de la agroindustria, "el pilar de la economía aragonesa". "Si no empezamos a trabajar ya, la ruina la tenemos encima", advirtió. Sin embargo, algunos ganaderos y agricultores sí han constatado que los daños de tierras aseguradas ya han sido peritados y que los desperfectos registrados en infraestructuras de propiedad privada se tasan y pagan en función de un baremo. Si bien, "los daños valorados deberían pagarse de inmediato", señaló, por su parte, Enrique Arceiz, secretario de organización de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que dijo que se ha establecido "el mes de agosto para el abono".

Por su parte, ayuntamientos como el de Pastriz reconocen que se han adherido a los planes de la DPZ para la reparación de caminos e infraestructuras dañadas, pero que los trabajos "todavía no han empezado". La institución provincial, en una reunión que el propio presidente mantuvo con los alcaldes de pueblos afectados por la riada a finales de marzo, indicó que se había habilitado una partida de cuatro millones de euros procedentes de remanentes positivos de tesorería, cuantía que se ampliaría si fuese necesario para acometer la reparación de los espacios dañados. Para ello, seis equipos de técnicos de DPZ se están encargando de realizar las fichas de evaluación de daños. Cada equipo se ha dedicado a una zona, además, los ingenieros cuentan con la colaboración de los alcaldes de los municipios afectados. Pastriz ha sido uno de ellos, igual que Villafranca de Ebro.