La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zuera celebrada el 14 de febrero procedió a la aprobación inicial del desglosado correspondiente al proyecto de saneamiento de la urbanización de la Unidad de Ejecución denominada ZUA 29 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Dicho documento se encuentra en estos momentos en exposición pública y así estará durante el plazo de un mes.

El proyecto de urbanización de la zona se aprobó definitivamente en un pleno ordinario el 29 de enero de 2014. Se trata de un espacio, de propiedad privada, clasificado como suelo urbano no consolidado y calificado como uso de almacenamiento, en el que se localiza una zona industrial, la situada junto a la gasolinera de la carretera que lleva a Villanueva, justo a la salida del municipio por la rotonda de Odón de Buen, junto al cementerio zufariense. El objetivo de esta actuación es construir una red de vertidos, que irán conectados al nuevo colector que se llevó a cabo en Zuera Sur hace unos años, al cual también se conectará la ZUA 27 y de ahí a la depuradora de la localidad.

Según fuentes municipales, los vecinos se constituirán en junta de compensación, ya que de este modo "ellos podrán decidir cuándo y cómo se hacen el resto de las obras del proyecto de urbanización", precisa Antonio Bolea, alcalde de Zuera, aunque de ser así, "serán ellos los que corran con los gastos. Si bien, el consistorio intentará que sea lo menos posible", dice el alcalde. De ahí que todos los pasos llevados a cabo "se hayan hecho consensuados con los vecinos", puntualiza Bolea, y a instancias de la Confederación Hidrográfica (CHE), organismo que "había anunciado con sancionar de no regularizar la situación".

En la siguiente Junta de Gobierno Local celebrada en el consistorio zufariense el 28 de enero se decidió aprobar un requerimiento de limpieza o vallado de varios solares situados en el Barrio de San Juan de la localidad, ya que se encuentran sin edificar total o parcialmente, dando así cumplimiento al texto refundido de la Ley de Suelo de 2008, en cuyo artículo número 9 se establece "la obligación de mantener y conservar los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de incendio para la seguridad pública", así como la necesidad de conservación frente a plagas que afecten la salud pública. Es por ello, que el consistorio notificará esta decisión a los propietarios de los terrenos "con el fin que cumplan con la normativa", precisa Antonio Bolea.