El Periódico de Aragón Aragón

Martes 9 Febrero 2010

El delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández López, manifestó ayer su convencimiento de que los dos agentes policías de Calatayud procesados por apalear a un detenido "actuaron con arreglo a la legalidad". En todo caso, Fernández López insistió en que la presunción de inocencia afecta a todos los ciudadanos mientras no haya sentencia judicial.

El fiscal solicita tres años de prisión y diez de inhabilitación a dos agentes por un delitos de presuntos malos tratos a una persona que estaba detenida en los calabozos de la comisaría de Calatayud. Los hechos ocurrieron en el mes de julio del 2003, pero no habían trascendido hasta la petición de condena.

Tras presentarse el escrito de acusación, el juez ha señalado una fianza de alrededor de 10.000 euros para los dos agentes, que el Ministerio de Interior se ha negado a avalar, lo que ha generado una fuerte polémica sindical.

Tal como informó EL PERIODICO DE ARAGON, el denunciante fue detenido en un bar de Calatayud después de que los propietarios del establecimiento requirieran la actuación de la Policía por el comportamiento violento del sospechosos, que también atacó a los agentes, lesionando a uno de ellos.

Al día siguiente, al pasar disposición judicial, el detenido denunció a los dos agentes por haberle apaleado en dependencias policiales.

En relación con la negativa de Interior a hacer frente a la fianza, Fernández López, señaló que la decisión tiene una explicación técnica. "El fiscal ha tenido sus razones para no solicitar la responsabilidad subsidiaria de Interior. Si el Estado no va a hacer frente a una responsabilidad por los hechos en ningún caso, ha estimado que no debe de hacer frente a esta fianza", añadió.

El delegado expresó su confianza en la inocencia de los dos agentes imputados y recordó que el denunciante "se negó a ser reconocido por un médico cuando fue detenido".

José Manuel Sánchez Fornet, secretario nacional del SUP, señaló a este periódico que el lunes solicitará una entrevista con el secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, para tratar este asunto. Sánchez Fornet considera que los policías "no pueden tener hipotecado su patrimonio familiar por la decisión de un fiscal sobre hechos ocurridos en el cumplimiento de sus funciones. Si han cometido alguna irregularidad serán condenados, pero no se les puede penalizar con antelación por realizar su trabajo".

Puedes compartir esta noticia usando estos servicios:

Comentarios (0)