El Periódico de Aragón Aragón

Martes 9 Febrero 2010

La enésima batalla de la guerra del Ebro tendrá como escenario la reforma de los estatutos, uno de los temas centrales del nuevo curso parlamentario. Dos propuestas estatutarias, las de Valencia y Cataluña, tienen los ojos puestos en el río: atribuyen a sus respectivas comunidades el derecho a trasvasar sus aguas sin intervención del Estado ni de las autonomías de la cuenca.

El texto pactado por PSOE y PP en las Cortes levantinas, el primero que verá el Congreso, atribuye al "sector agrario valenciano" el "derecho al agua de calidad y al aprovechamiento de los excedentes de otras cuencas". Y vincula esa facultad jurídica a "la protección del medio ambiente y al desarrollo de políticas activas de infraestructuras". Si sale adelante, Valencia quedaría habilitada para ejecutar por su cuenta un trasvase del Ebro.

El artículo 17 del documento dirigido al Congreso "garantiza el derecho de la Comunidad Valenciana a disponer del abastecimiento de agua de calidad". En él, "igualmente, se reconoce el derecho a la redistribución de los sobrantes de agua de las cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad". El mismo artículo otorga a los valencianos el "derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura, para atender a sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales".

Los redactores de la reforma del Estatut catalán miran al Ebro con otra perspectiva. Desde Barcelona. Su artículo 115, contra el que el PP mantiene viva una enmienda sin posibilidades de éxito, cercenaría, de ser aprobada, cualquier posibilidad de sacar agua del Ebro sin el visto bueno de la Generalitat, la cual "ha de emitir un informe determinante para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial".

Sin embargo, la controvertida propuesta de reforma del Estatut no es plenamente antitrasvasista, ya que atribuye al Gobierno catalán la competencia exclusiva sobre "la gestión de la parte de los recursos hídricos y los aprovechamientos hidráulicos que pasen por Cataluña" y, también, para "ejecutar y regular la planificación hidrológica de los recursos hídricos y los aprovechamientos hidráulicos que pasen por Cataluña o que lleguen provenientes del territorios de fuera del ámbito estatal español". Es decir, manos libres para un hipotético trasvase del Bajo Ebro a Tarragona y Barcelona, para transferir a las antiguas Cuencas del Pirineo Oriental caudales del Segre o en Noguera Pallaresa --tributarios del Ebro-- o para llevar al área metropolitana barcelonesa recursos del Ródano desde el sur de Francia.

Mientras los novios del Ebro toman posiciones, las Cortes de Aragón tramitan a paso lento la reforma del Estatuto, en la que debe articularse la conclusión del dictamen, aprobado de forma unánime en el 2003, por la que el Estado debería, como requisito previo a la ejecución de cualquier obra hidráulica, otorgar a la DGA la concesión de sus caudales. CHA insistirá en este aspecto de la reforma.

Esta condición está recogida en la ley de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. Figura en el artículo 62, que también señala como requisito para construir pantanos en Aragón "que se garantice una reserva global de 6.550 hectómetros cúbicos para uso exclusivo" de la comunidad. La inclusión de este enunciado en la reforma del Plan Hidrológico Nacional --propuesta por el PP, rechazada por el PSOE y no apoyada finalmente por PAR, CHA e IU-- provocó la pasada primavera una crisis que sigue abierta al no haber vuelto los conservadores a la Comisión del Agua.

Con todo, Aragón dispone de dos instrumentos para condicionar cualquier intento de trasvase: esa misma ley del Agua y la de Ordenación del Territorio, que supedita su ejecución a un informe favorable del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón. Ambas fueron aprobadas en el 2001 en las Cortes con el apoyo de PSOE, CHA, PAR e IU y la oposición del PP, impulsor en solitario del trasvase desde Madrid. No obstante, su firmeza es cuestionable. Ambas fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional (TC) por el último Gobierno de Aznar. Y en ambos casos el de Zapatero los retiró tras pactar con la DGA la retirada de otros, entre ellos el que debía manifestarse sobre la legalidad del trasvase del Ebro. No obstante, cualquier resolución en la que se apliquen seis preceptos es susceptible de recursos en cuya tramitación se puede solicitar al TC que se manifieste.

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