El Periódico de Aragón Aragón

Miércoles 10 Febrero 2010

La vicepresidenta del Gobierno central, María Teresa Fernández de la Vega, ha decidido intervenir en el conflicto entre los obispados de Barbastro-Monzón y de Lérida por el arte sacro de las parroquias aragonesas.

De la Vega mantuvo ayer, tras el comité federal del PSOE, un contacto con el presidente de la DGA, Marcelino Iglesias, al que le solicitó que le remitiera a La Moncloa toda la documentación de que dispusiera acerca del tema para estudiarla. Fuentes del Gobierno de Aragón indicaron que la documentación saldrá hoy hacia Madrid.

Durante el comité, que tuvo como tema estrella la negociación de la reforma del Estatut catalán, Iglesias, que reclamó cerrar cuanto antes la tramitación, hizo una referencia al litigio del arte sacro. Primero felicitó a los miembros del PSOE de Castilla-León por la "muestra de solidaridad y generosidad" que han dado al apoyar el regreso a Cataluña de los papeles de Salamanca; y, a renglón seguido y dirigiéndose al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, animó al socialismo catalán a efectuar un gesto similar con el arte sacro aragonés que retiene el obispado de Lérida desoyendo cinco órdenes del Vaticano para devolverlo a Barbastro-Monzón. Una acción de ese tipo, añadió Iglesias, sería "bien vista en el resto de España". Su intervención no tuvo réplica.

La vicepresidenta del Gobierno, responsable de la coordinación de los ministerios, tiene previsto estudiar los documentos que le remita la DGA con técnicos de Justicia y de Asuntos Exteriores. El primer departamento tiene las competencias de Asuntos Religiosos y es el encargado de las relaciones con la Iglesia. La intervención del segundo sería imprescindible para concretar cualquier iniciativa, ya que se trataría de gestiones entre Estados soberanos --España y el Vaticano-- que deberían canalizarse por la vía diplomática --Nunciatura Apostólica y Embajada en la Santa Sede--. La Moncloa no puede efectuar gestiones, de forma oficial, con un obispado.

EXPERTA CANONISTA Fernández de la Vega, juez en excedencia, tiene una ventaja sobre la mayoría de los miembros del Gobierno para intervenir en el pleito del arte sacro: es especialista en Derecho Canónico, el cuerpo legal con el que desde hace una década se dirime el litigio.

La vicepresidenta se inclina por alcanzar una salida negociada en el conflicto por las 113 obras de arte procedentes de parroquias de la zona oriental de Huesca que el obispado de Lérida custodia desde hace un siglo. Con todo, es partidaria de actuar con prudencia, ya que la resolución del conflicto puede abrir una cascada de episodios similares en otras zonas de España.

De la Vega también es consciente de una de las claves del proceso, que no se da en otros países occidentales. El Código Civil y los vigentes Acuerdos Jurídicos de 1979 entre el Vaticano y España reconocen que la propiedad de los bienes religiosos es de la Iglesia como institución, y no de los órganos en los que se estructura, como parroquias o diócesis. Así, La Moncloa considera que la disputa entre los dos obispados gira en torno a la posesión de las piezas.

El litigio por el arte sacro arrancó tras el decreto que en 1995 ordenó el regreso a la Iglesia aragonesa de 111 parroquias oscenses adscritas hasta entonces al obispado de Lérida. El prelado catalán consultó a la Nunciatura cómo debía interpretar el histórico enunciado "devuélvanse a sus parroquias de origen" las obras de arte y documentos; y el nuncio le respondió, obviamente, que como una orden de devolución. El obispo Ramón Malla, que siempre reconoció que las obras estaban en Lérida en depósito, y su sucesor, Francisco Javier Ciuraneta, recurrieron esta orden tres veces ante la Congregación de Obispos, que siempre rechazó sus tesis. Ahora, la han demandado ante la Signatura Apostólica.

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