El Periódico de Aragón España

Martes 9 Febrero 2010

La fiscalía del Tribunal Supremo solicitó ayer al alto tribunal que anule la condena de 15 años de prisión que impuso la Audiencia Nacional a Imad Eddin Barakat, conocido como Abú Dahdah, como conspirador del 11-S. Por contra, el fiscal apoya el castigo de 12 años de cárcel como dirigente de Al Qaeda.

La fiscalía ha necesitado tres semanas para responder a las peticiones de 18 condenados en el macrojuicio contra el terrorismo islamista. Sin embargo, su informe no llegó a tiempo para evitar la excarcelación de dos de los reos --Mohamed Needl Acaid y Mohamed Zahier Asade--, que hoy quedarán en libertad por haber cumplido el máximo de prisión preventiva. Por ello, el fiscal solicita que ambos sean vigilados por la policía para evitar que huyan.

El Supremo tiene previsto celebrar la vista de este recurso antes del 17 de mayo, día en que deberían quedar en libertad otros dos acusados. Los magistrados del alto tribunal tendrán que decidir si confirman las condenas de la Audiencia Nacional o las anulan.

LAS ALEGACIONES El fiscal del Supremo sólo ha atendido las alegaciones de tres acusados. La fiscalía ha apoyado la pretensión de Abú Dahdah de anular su condena por su relación con el 11-S porque los indicios que usó la Audiencia Nacional "son débiles e inconsistentes". Para la fiscalía concluir que este acusado tuvo vínculos con el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York "no responde a las reglas de la lógica y de la experiencia".

Por contra, el ministerio público avala la condena de integración en grupo terrorista de este acusado, ya que, a su juicio, ha quedado acreditado que captó a muyahidines, los envió a campos de entrenamiento y financió las actividades de este grupo. Sin embargo, el fiscal rechaza que Saik Merizak y Adbulaziz Beniaich fueran a Chechenia para practicar la guerra santa. Por este motivo, reclama su absolución por falta de pruebas.

LA LABOR DE LA PRENSA La fiscalía reclama que se confirmen el resto de las condenas, entre ellas la del periodista de la cadena de televisión Al Jazira, Taysir Alony. Para el ministerio público el informador sobrepasó los límites del derecho a la información al decidir colaborar con un grupo terrorista a cambio de noticias, aunque fueran tan relevantes como la entrevista al jefe de Al Qaeda, Osama bin Laden, en octubre del 2001.

El ministerio fiscal también apoya la instrucción del juez Baltasar Garzón. En su escrito sostiene que las intervenciones telefónicas acordadas por el juez fueron legales, aunque presentaran defectos formales. Asimismo, avala la declaración de un policía como perito y niega que haya habido dilaciones indebidas durante la instrucción.

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