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Martes 9 Febrero 2010

A pesar de encontrarse de vacaciones, el teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Antonio Gaspar, se convirtió de nuevo ayer en el blanco de todas las críticas. El Partido Popular pidió su dimisión. El PAR reclamó una Comisión de Urbanismo extraordinaria para aclarar los hechos. Y hasta Izquierda Unida, que no cuenta con representación en el consistorio zaragozano, dirigió todas las miradas hacia el edil nacionalista.

Tanto el portavoz del PP, Domingo Buesa, como el aragonesista Manuel Blasco, se pronunciaron ahora a favor de demorar el traslado de los funcionarios de Urbanismo al Seminario por cuestiones de seguridad. El concejal delegado de Arquitectura, Agustín Martín, defendió la actuación del equipo de Gobierno y aseguró que la seguridad en el pabellón occidental es "total" y, por ello, no se prevé ningún retraso en los traslados, que comenzarán el lunes, 28 de agosto.

"No elegimos a la adjudicataria por ser la más cara ni por reducir el plazo como argumenta la oposición, sino por ser la que mayores garantías técnicas ofrecía en el proyecto", explicó el edil nacionalista. A juicio de Martín, el suceso de ayer demuestra que todo el edificio requería consolidación de sus estructuras. "Si hubiéramos corrido para acabar a tiempo el ala oeste, podría haber ocurrido lo mismo que en la zona este", argumentó el concejal.

Las tesis del portavoz del equipo de Gobierno no sirvieron, sin embargo, para convencer a PP, PAR e IU. El popular Domingo Buesa habló incluso de "una catástrofe anunciada", al tiempo que insistió en sus acusaciones de "ocultar la realidad" por parte de Antonio Gaspar.

El portavoz del PP, que acudió hasta el Seminario para conocer de primera mano los hechos, calificó de "presión vergonzosa" la practicada por el teniente de alcalde de Urbanismo hacia Arascón-Acciona para acabar a tiempo la reforma. Buesa animó al alcalde, Juan Alberto Belloch, a tomar cartas en asunto.

El concejal del PAR, Manuel Blasco, reclamó una reunión de la Comisión de Urbanismo para aclarar "si la falta de los informes del suelo, las prisas por ejecutar las obras y los desfases económicos" han sido las verdaderas causas del desprendimiento. Blasco insistió en retrasar el traslado de funcionarios porque "su empecinamiento raya en la inconsciencia". El aragonesista consideró que el traslado ahora "no es urgente" puesto que, como mínimo, las obras de La Romareda no arrancarán antes de un año.

En este mismo sentido se pronunció el coordinador de IU-Aragón, José Manuel Alonso, al argumentar que "no se puede supeditar la seguridad a la apertura de unas oficinas municipales por mucho que un gestor ineficaz tenga prisa en inaugurarlas". Alonso lamentó el coste económico del proyecto para las arcas municipales.

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