El Periódico de Aragón Internacional

Martes 9 Febrero 2010

La Constitución saharaui proclamó en 1985 que la RASD es un estado de derecho. En los últimos 17 años se ha construido un sistema legal sobre la poca productiva arena del desierto en Tinduf para preparar el regreso al territorio usurpado por Marruecos. Legalmente, la soberanía del Sahara sigue ostentándola la antigua metrópoli, España, que en 1963 recibió el mandato internacional de impulsar un referéndum para que los habitantes de la colonia se pronunciaran sobre la autodeterminación o su integración definitiva en España. Ese mismo año, el 10 de mayo, se constituyó el Frente Polisario, una mezcla de estado-movimiento que no proclamó la independencia hasta el 5 de marzo de 1976, después de que España incumpliera el mandato y abandonara a Marruecos la administración del territorio para proteger los intereses particulares de familias afectas al anterior régimen, una decisión que aún sonroja a muchos militares españoles. En espera del final del éxodo, el pueblo saharaui refugiado en los campos de Tinduf ha puesto los cimientos del futuro estado. Ya dispone de un código penal y otro civil, aunque sigue debatiéndose la legislación administrativa, difícil de elaborar en una situación de guerra latente. Copiando una parte del sistema español, dispone de tres instancias judiciales y de un cuerpo legal con más de 200 magistrados, parte de ellos jueces de paz que se pronuncian sobre cuestiones civiles que afectan a las costumbres de la población bereber. La independencia del Poder Judicial está reconocida desde hace seis años. También cuenta con un cuerpo de policía, aunque las infracciones son mínimas. Cuando se produjo la última amnistía, había 20 presos. El número de prisioneros de guerra marroquís es mayor, pero éstos viven en relativa libertad. No están cercados, aunque tampoco tendrían a dónde ir. Muchos prefieren seguir en Tinduf en lugar de regresar a Marruecos. El Gobierno de las wilayas (provincias) y dairas (distritos) cuenta con una mayoritaria presencia de mujeres, fruto de una larga tradición matriarcal potenciada por las necesidades de la guerra. El trabajo es reconocido como un derecho, pero no es obligatorio, lo mismo que el servicio militar. Nadie cobra salario, algo que está en proceso de cambio, y el Gobierno cubre las necesidades mínimas de los ciudadanos para subsistir.

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