El Periódico de Aragón Opinión

Miércoles 10 Febrero 2010

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El todavía presidente de la Comunidad extremeña anunció que su Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional un precepto del nuevo Estatuto andaluz, porque entiende que atribuye a la tierra de María Santísima competencias que son exclusivas del Estado, no de una comunidad. Juan Carlos Rodríguez Ibarra alude así a la gestión del Guadiana que, además de Andalucía, afecta a Castilla-La Mancha y a Extremadura.

Confieso mi simpatía por ese socialista sincero al que su partido le debe servicios señalados y que prueba de manera lisa y llana que cabe ser militante y persona con opiniones propias henchidas de sentido común (y encima constitucional). Eso es algo impagable cuando tantos se olvidan de las reglas de juego que nos dimos los españoles se supone que para acatarlas.

Según la Constitución, si un río discurre por territorio de más de una comunidad la gestión de su cuenca corresponde obligadamente a los poderes generales del Estado y en absoluto a una sola comunidad. Así lo dispone el artículo 149 regla 22ª de la Constitución.

Rodríguez Ibarra, un hombre poco propenso a las componendas, critica el proceso neoconstituyente que en materia autonómica está padeciendo España sin haberse modificado la Constitución y asegura que Andalucía "se ha equivocado a la hora de elegir comensales" añadiendo zumbón, que "si te vas a otras mesas, corres el riesgo de que sólo te quieran para batir palmas". Alude obviamente, a la colaboración que se prestaron la Junta andaluza y la Generalidad catalana en la nueva y desmesurada redacción de sus respectivos estatutos.

Tras aprobarse nuestra Ley Fundamental en 1978, el Gobierno Central no supo resistir las presiones de algunos territorios y acabó permitiendo que tres regiones adelantaran sus respectivos procesos autonómicos y que otra fuese por la vía del artículo 151, mientras que las demás permanecían en la sala de espera creyendo en la promesa de UCD y PSOE de que todas acabarían disponiendo del mismo régimen autonómico, lo que devino falso.

La blandura del Gobierno de UCD, que se mostraba fuerte con los débiles y débil con los fuertes, la criticamos muchos entonces, pero hoy casi se añora viendo que vamos a peor con la atonía e impotencia del Gobierno de ZP, que nos aleja todavía más de un requisito institucionalmente indispensable en cualquier "Estado de autonomía": que en provecho de todos, se cuente con un Poder central fuerte y no "un juguete del viento" como el actual.

Para que perdure un régimen autonómico tienen que observarse las previsiones de nuestra Carta Magna y si por el contrario se aprueban reformas estatutarias que las contradicen abiertamente los poderes públicos de mañana quedarán legitimados para invalidar tales reformas. No extraña que desazone tanto lo que pueda decir el Tribunal Constitucional en los recursos que se han interpuesto contra unas y otras reformas ni me parece ocioso el anuncio de Ibarra; lo que sí me escandaliza es la inercia de los que callan ante el desastre que se avecina y del que no dicen palabra. En el TC puede ocurrir otra vez lo que ya sucedió cuando lo de la expropiación de Rumasa o puede ocurrir cosa más justa, pero la semilla de la inestabilidad institucional ya está sembrada también para posteriores reformas de signo opuesto a las que ahora, tan torpemente, se toleran; si hoy se desconoce la Constitución por unos, ¿no será una razón para que mañana también la desconozcan los otros?

Asimismo, es insólito lo que sucede con la reforma estatutaria de Aragón, porque si la vez anterior las enmiendas al texto de reforma que aprobó la Aljafería por unanimidad en junio de 1994 sólo las hicieron el PSOE y PP, esta vez cuentan con el inestimable apoyo del PAR y de IU que también las suscriben, esto es, se pasaron al bando de PSOE y PP que si no se concilian ni para combatir el terrorismo, en perjuicio nuestro siempre se han entendido.

Comprendo la actitud de Ibarra y no la que prevalece en Aragón con la casi unánime mansedumbre de esos partidos o sólo de sus líderes, no se sabe. Opino que, incluso por mera dignidad, debería retirarse de las Cortes el proyecto estatutario y esperar a que el TC nos diga si valen o no las reformas recurridas, porque si declara que se ajustan a Derecho, Aragón podría exigir lo mismo en vez de pasar ahora por la vergüenza de conformarse con ser menos, algo que más que "fidelidad a España", parece simple estupidez.

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