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Martes 9 Febrero 2010

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Un funcionario del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que ha sido expedientado y suspendido de empleo y sueldo, logró estafar durante dos años alrededor de unos 250.000 euros a una veintena de personas tuteladas en un centro de Huesca, en su mayoría ancianos y con alguna discapacidad.

Según informaron a Efe fuentes judiciales, el funcionario, cuya actuación fue denunciada ante la Fiscalía, se valía del control que ejercía sobre los bienes de las personas que tutelaba para desviar fondos a cuentas propias o de terceras personas. Los hechos fueron puestos hace un mes en conocimiento del fiscal, que, a tenor de la documentación aportada por los responsables del IASS, presentó denuncia contra el funcionario ante el Juzgado de Primera Instrucción número 3 por un presunto delito de malversación en concurso con otro de falsedad de documentos públicos.

El trabajador declaró como imputado hace unas semanas ante el titular del juzgado que investiga el caso, quien ordenó la puesta en libertad con cargos de presunta malversación y falsedad documental. Las medidas cautelares instadas por la Fiscalía le obligan a personarse diariamente en la comisaría más próxima y a no salir del país y establecen el aseguramiento de sus bienes ante las posibles indemnizaciones. El IASS podría ser considerado en la causa como responsable civil subsidiario de los hechos.

El consejero de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Miguel Ferrer, calificó ayer de "bastante grave" la estafa. "En ningún momento estas personas tuteladas va a tener alguna diferencia en materia económica, porque el Gobierno de Aragón de hace cargo de ello de manera subsidiaria", dijo.

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