El Periódico de Aragón Opinión

Martes 9 Febrero 2010

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La aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón, con el único rechazo de un voto, es una buena noticia tanto por el apoyo dado por el Congreso de los Diputados, como por el contenido del mismo. Este nuevo Estatuto es fruto del mandato de las Cortes Aragonesas del 2003, tras casi 25 años de la aprobación del primero: fue apoyado por 58 diputados y 9 abstenciones en las Cortes aragonesas ¡qué cosas!, las mejoras conseguidas en la negociación de Madrid han cambiado la abstención por el no.

El Estatuto aprobado es de primer nivel y máximo autogobierno, refleja la expresión de nuestra manera de ser, aragoneses y españoles, sin ningún complejo ni medias tintas; somos una región que nos sentimos cómodos en España y en Europa, porque la autonomía, a pesar de que hemos ido hasta ahora por la vía lenta, ha supuesto mejoras y cambios como nunca podíamos pensar; tenemos 9 veces el PIB de 1982; 200.000 ocupados más que entonces, una tercera parte de paro y una renta per cápita muy próxima a la media de los países del euro.

El estado de las autonomías no ha sido un factor de separación de los pueblos de España. Todo lo contrario, ha aproximado rentas y derechos de ciudadanía, gestión y servicios comunes. Hacer de la escasa participación de los referéndums de Andalucía y Cataluña la lectura de un escaso interés por la autonomía está en contradicción con los beneficios reportados y la demanda ciudadana de mayores competencias.

SON MUCHAS las razones para defenderlo: tanto el apoyo recibido como la negociación del mismo demuestran que es un texto sólido, coherente y que recoge de forma precisa nuestros aspectos históricos e identitarios; la historia, el valor de nuestras instituciones y el papel jugado como Reino quedan sucintamente reflejados, pero de forma muy clarita.

Mejoramos nuestro autogobierno al definir más y mejor las competencias en relación con el Estado, así asumimos 63 exclusivas, 12 compartidas con el Gobierno central y 14 ejecutivas; dentro todas ellas de un marco jurídico que posibilitará ampliarlas en base a las necesidades que surjan, no debiendo hacerse ninguna reforma estatutaria para ello puesto que el propio Estatuto nos da derechos para su aplicación y también para su desarrollo.

Los cambios de nuestra sociedad comportan el crecimiento de los derechos y deberes de los aragoneses, un amplio capítulo donde plasmar nuestra relación en temas como la cultura, la salud, la enseñanza, el medio ambiente, la relación con el agua y el uso de ella como consumidores, entre otras.

Al igual que la propia organización territorial e institucional donde el reflejo de las comarcas, la Ley de Capitalidad para Zaragoza, el cómo hacer disolución de las Cortes o moción de censura se recogen a la par que una nueva regulación del derecho de la región en la participación de los asuntos de la Unión Europea, para nosotros que tenemos dificultades en resolver la comunicación transpirenaica con Francia puede ser una base interesante para trasladar el problema donde está, en el país vecino.

PERO SIN DUDA el Estatuto mejora los asuntos financieros a través de una nueva regulación económica que ampliará nuestros recursos. Para ello se posibilita la creación de una Agencia Tributaria, se establecen mecanismos de nivelación que evitarán desfases presupuestarios en los servicios públicos esenciales del Estado de Bienestar, se potencia el acuerdo bilateral con el Gobierno central, se vincula la inversión estatal de infraestructuras a la ponderación de territorio, orografía y nuestra situación fronteriza. Se da un plazo de seis meses tras la publicación del Estatuto para la constitución de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Financieros. Se crea un mecanismo que mandata resolver las deudas pendientes actualmente reclamadas por el Gobierno de Aragón a través de un recurso judicial. Decir que todas las comunidades han recogido un porcentaje obligatorio que troceará los Presupuestos Generales del Estado en base a ellos no responde a la verdad. Todos los Estatutos aportan criterios para negociar con el Estado y plasmar en la futura LOFCA, nosotros también. Ahora bien, reivindicar el cupo de financiación navarro o vasco y cinco mil millones de euros de deuda sin más, como hace el único partido que rechaza este Estatuto, sólo puede interpretarse en clave electoralista. De la misma manera que no puede agitarse el fantasma del trasvase para criticar el Estatuto, cuando queda claro que no podrá realizarse en contra de la voluntad de los aragoneses.

Este Estatuto no por ser respetuoso con la Constitución es menos ambicioso en sus competencias y firme en la defensa de nuestra tierra. La autonomía plena en él recogida dignifica a nuestro pueblo tras los recortes de hace 25 años, y hace una apuesta de futuro dentro de una España plural y diversa. Sin duda los aragoneses y aragonesas estamos de enhorabuena.

*Diputado socialista por Zaragoza al Congreso de los Diputados

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